La actuación de los ayuntamientos tras la declaración de inconstitucionalidad de la plusvalía municipal

La STC 182/2021 ha declarado la inconstitucionalidad del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) con un controvertido fallo que no ha satisfecho prácticamente a nadie y que seguirá generando una gran litigiosidad. Hasta el momento se han publicado muchos artículos en los que se analiza la sentencia desde la perspectiva de los contribuyentes, pero no se ha publicado prácticamente nada desde la perspectiva de la Administración local, que soportará los costes económicos de la declaración de inconstitucionalidad y los costes de gestión de los nuevos recursos y reclamaciones interpuestos. En el presente trabajo realizamos un análisis de la situación desde la perspectiva de los ayuntamientos. Analizamos sus posibilidades de actuación tras la declaración de inconstitucionalidad de la plusvalía y la aprobación del Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, y planteamos los principales problemas a los que se enfrentan: los efectos de la declaración de inconstitucionalidad; el modo de resolver las reclamaciones en curso; el modo de resolver nuevos recursos que ignoran la limitación de efectos de la sentencia; la viabilidad de nuevas vías de impugnación que hasta ahora parecían improcedentes; y, finalmente, los problemas de interpretación y aplicación de la nueva regulación contenida en el Real Decreto-ley 26/2021The Constitutional Court has declared the unconstitutionality of the Tax on the Increase in Value of Urban Land (TIVUL) with a controversial ruling (SCCR 182/2021) that has satisfied practically no one and will continue to generate a great deal of litigation. So far, many articles have been published analyzing the ruling from the perspective of taxpayers, who lament a limitation of effects that has no precedent in constitutional jurisprudence. However, practically nothing has been published from the perspective of the local Administration, which also laments the economic costs of the declaration of unconstitutionality, and the management costs of the new appeals and claims filed. In this paper we analyze the actions of local councils after the declaration of unconstitutionality of the TIVUL and the approval of Royal Decree-Law 26/2021, of November 8, in which we address the main problems faced by local councils: the effects of the declaration of unconstitutionality; how to solve ongoing claims; how to resolve new appeals that ignore the limitation of effects of the ruling; the viability of new legal challenges that until now seemed improper; and finally, the problems of interpretation and application of a new regulation contained in the Royal Decree-Law 26/202