De la «flexibilidad laboral» al «ajuste social total»: lo que el «austeritario» Real Decreto-ley 20/2012 se llevó, de momento

The Royal Decree-law 20/2012, of July 13, has carried out the largest setting of scores with the Spanish welfare state throughout the all democratic period. This regulation contains 90 pages of new social rights cuts and tax increases, all written in one stroke and without negotiation, political or social. The effective implementation of these measures mean to the Spanish to suffer practically all restrictions that formally placed control countries have been forced to introduce to satisfy the conditions of the «rescue plan». But this model of intervention is synonymous, for the life of the citizens of the country placed control, not just more «unemployment», «poverty» as well, but true social «indignity», through a endless policy of apparently reforms that cover social rights cuts: elimination of a bonus for public employees, suspension of collective rights and rights of attention to situations of dependency, cuts unemployment protection... But it is neither the first rule in this direction, nor the last approved. In this regard, recently, we can cite the examples of Royal Decree-law 23/2012, by extending the so-called «Plan Prepare», extraordinary measures of protection to all those who lose unemployment protection, or the Royal Decree-law 25/2012, which includes many more controls on the unemployed, who are obliged, in return for receiving benefits, to remove the ashes after fires, regardless of their qualifications. Instead, they have adopted rules that recognize extraordinary credits to meet expenditure on armaments, on the grounds of preventing the loss of highly qualified employment or, among others, to avoid «deteriorating image of Spain», Royal Decree-law 26/2012, of September 7. Thus, once again, the distribution of sacrifices is unequal among citizens and tends to harm the most vulnerable, which grow in a manner disproportionate inequalities. But social inequalities not only break the cohesion and generate a high risk of social violence, but hinder economic growth. In this article the author reports on each and every one of these changes, a map as a legal-social, but also economic, rights and cuts to their impact on the regulation and the level of protection that such rights proposed. But the article goes further. Once «explained» in detail the changes in public employment, unemployment protection, care dependency, policies on helping youth emancipation, the author proposes «understanding» in depth what is behind those sacrifice of rights measures without success, quite the opposite. And that's where we are proposing a far more disturbing thesis: all these rules are merely the formal coverage of a major constitutional mutation, a real Copernican volte-face in our form of government, so that against the social democratic principle of law is be forged before our eyes what the author calls a «State Austeritario» –a form of state based on totalitarian imposition of custodial rights to their citizens to sustain the level of financial system gain–, generator, while, of Invalid a law constitutionally, socially Unjust and economically Inefficient.El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, ha llevado a cabo el mayor ajuste de cuentas con el Estado de Bienestar español de todo el periodo democrático. Esta norma contiene 90 páginas de nuevos recortes de derechos sociales e incrementos de impuestos, todos ellos escritos de un plumazo y sin negociación, ni política ni social. La aplicación efectiva de estas medidas supone para los españoles sufrir prácticamente todas las restricciones que los países formalmente intervenidos se han visto obligados a introducir para dar satisfacción a las condiciones del llamado «plan de rescate». Pero este modelo de intervención es sinónimo, para la vida de la ciudadanía del país intervenido, no ya solo de más «desempleo» y más «pobreza» sino de auténtica «indignidad» social, a través de una interminable política de aparentes reformas que encubren recortes de derechos sociales: eliminación de una paga extraordinaria de los empleados públicos, suspensión de derechos colectivos y también de derechos de atención a situaciones de dependencia, rebajas de la protección por desempleo... Pero no es ni la primera norma en esta dirección, ni tampoco la última aprobada. En este sentido, recientemente, pueden citarse los ejemplos del Real Decreto-ley 23/2012, por el que se prorroga el llamado «Plan Prepara» –medidas extraordinarias de protección a todos los que pierden la protección por desempleo–, o el Real Decreto-ley 25/2012, que incluye muchos más controles sobre los desempleados, a los que se obligará, como contrapartida a recibir su prestación, a retirar las cenizas tras los incendios, al margen de su cualificación. En cambio, se han aprobado normas que reconocen créditos extraordinarios para hacer frente a gastos en armamentos, con el argumento de evitar la pérdida de empleo altamente cualificado o, entre otros, el de evitar el «deterioro de la imagen de España» –Real Decreto-ley 26/2012, de 7 de septiembre–. En consecuencia, una vez más, la distribución de los sacrificios es desigual entre los ciudadanos y tiende a perjudicar a los más vulnerables, con lo que crecen de una manera desmedida las desigualdades. Pero las desigualdades sociales no solo rompen la cohesión y generan un riesgo de violencia social elevado, sino que retrasan el crecimiento económico. En este artículo el autor da cuenta de todos y cada uno de esos cambios, a modo de un mapa jurídico-social, pero también económico, de los recortes de derechos y su incidencia tanto en la regulación como en el nivel de protección que tales derechos proponían. Pero el artículo va más allá. Una vez «explicados» con detalle los cambios en materia de empleo público, de protección por desempleo, de atención a la dependencia, de las políticas relativas a ayudar a la emancipación juvenil, el autor nos propone «comprender» en profundidad qué hay tras esas medidas de sacrificio de derechos sin resultados positivos, más bien todo lo opuesto. Y ahí es donde se nos propone una tesis bastante más inquietante: todas esas normas no son sino la cobertura formal de una gran mutación constitucional, un auténtico giro copernicano en nuestra forma de Estado, de modo que frente al principio social y democrático de Derecho se estaría fraguando ante nuestros ojos lo que el autor llama un «Estado Austeritario» –una forma de Estado basada en la imposición totalitaria de medidas privativas de derechos a sus ciudadanos para sostener el nivel de ganancia del sistema financiero–, generador, al tiempo, de un Derecho Inválido constitucionalmente, Injusto socialmente e Ineficiente económicamente