«Rara avis»: «activismo judicial» y «primacía de la persona» sobre el «ajuste presupuestario» de la Seguridad Social

The deep crisis we are suffering since 2008 is causing not only devastating economic effects –a long decrease– and social –a general social discomfort– but wider changes in legal system, contributing to expand those. One of these mutations is the subjugation of the public social security system to the imperative, today also constitutionalized, at the state –Spanish Constitution, Article 135– and of the European Community –«Stability Treaty»–, the «balanced budget», corollary austerity policy that dominates everything as an irrefutable creed. On their behalf, the Government, based only on the «law of large numbers», continuously justify suspension or emptying of social rights, including on Social Security, as evidenced by the recent Royal Decree Law 28/2012, of 30 November. But, despite what they would have us believe, life, and the legal world is sort of a peaceful and civilized, are always much more complex and plural. Although the government, and even the legislative, simplify everything and want to reduce it to numbers, keep other powers and by other sources of law –as the «Live Law»– who show that another reading is possible, even required, rules so that people, their values and reasons prevail over those of the markets. That is the deeper meaning of the Judgment of the Supreme Court, Social, October 18, 2012, which provides an alternative to regulatory settings concerning situations of displacement by the beneficiaries of unemployment benefits abroad for more than 15 days without prior notice, if the space justifiable reasons, such as the reconciliation of work and family life. And that is also the greater scope of the judgment of the Court of Justice of the European Union of 22 November 2012, which requires a different model to calculate the expected waiting period for part-time work when applying for a pension, –retirement or permanent disability–, to understand the current opposite to EU banning on grounds of sex indirect discrimination. Both lay ahead «government by just laws» regarding the «austere government laws» in the field of Social Security, so that in response to many reasons, especially technical legal policy and law, advise an analysis set, highlighting its «institutional strengths» and legal culture beyond its therefore also presented and should not hide, «technical flaws». Hat is the subject of this article.La profunda crisis que padecemos desde 2008 está produciendo no devastadores efectos económicos –un decrecimiento prolongado– y sociales –un malestar social general– sino grandes mutaciones en el ordenamiento jurídico, que contribuyen a ampliar aquellos. Una de esas mutaciones es el sometimiento del sistema público de Seguridad Social al imperativo, hoy también constitucionalizado, en el plano estatal –art. 135 Constitución Española–, y comunitario –«Tratado de Estabilidad»–, del «equilibrio presupuestario», corolario de la política de austeridad que todo lo domina como un credo irrefutable. En su nombre, el Gobierno, con fundamento en las «leyes de los grandes números», continuamente justifica suspensiones o vaciamiento de derechos sociales, también en materia de Seguridad Social, como evidencia el reciente Real Decreto-Ley 28/2012, de 30 de noviembre. Pero, pese a lo que se nos quiere hacer creer, la vida, y el mundo jurídico que trata de ordenarla de forma pacífica y civilizada, resultan siempre mucho más complejos y plurales. Aunque el Gobierno, e incluso el Legislador, quieran simplificarlo todo y reducirlo a número, mantenemos otros poderes y otras fuentes de Derecho, como la Jurisprudencia –Derecho Vivo–, que ponen de manifiesto que otra lectura es posible, incluso obligada, de las normas, de modo que las personas, sus valores y razones, predominen sobre las de los mercados. Ese es el sentido profundo de la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 18 de octubre de 2012, que proporciona una configuración alternativa a la reglamentaria respecto de las situaciones de desplazamiento por parte de los beneficiarios de las prestaciones por desempleo fuera del país por más de 15 días y sin comunicación previa, cuando median razones justificadas, como la conciliación de la vida laboral y familiar. Y ese es también el alcance mayor de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 22 de noviembre de 2012, que exige un modelo diferente para el cálculo del periodo de carencia previsto para el trabajo a tiempo parcial cuando se solicita una pensión –de jubilación e incapacidad permanente–, por entender el actual contrario a la prohibición comunitaria de discriminaciones indirectas por razón de sexo. Ambas ponen delante el «gobierno por leyes justas» en detrimento del «gobierno por leyes austeras» en el ámbito de la Seguridad Social, por lo que, atendiendo a múltiples razones, de técnica jurídica y sobre todo de política del Derecho, aconsejan un análisis conjunto, que ponga de relieve sus «fortalezas institucionales» y de cultura jurídica por encima de sus «debilidades técnicas», pues también las presenta y no conviene ocultarlas. Ese es el objeto de este artículo