«Juego de tronos» entre «togados comunitarios»: «nuevas batallas» por la «última palabra jurídica» en materia sociolaboral

The classic conflict between social justice and legal certainty has, in recent years, a special «drama» in the working relationships of Spain, as a result of the expansive use that the national «lower level» courts are making the issue preliminary ruling ex article 267 of the Treaty on the Functioning of the European Union. The enormous innovative and disruptive potential of the judgments of the European Court of Justice, to a large extent have been sacralized and held as infallible by national judges, despite making mistakes, and sometimes huge mistake, added to the lack of intervention legislative to shape our law to their mandates, is making every judicial level create their own reading of community judgment, with disparate options between each one of them. Issues such as De Diego Porras, Montero Mateos, in the scope of temporary hiring, or those that gave rise to the Somoza Hermo case, for the transmission of company, this would be evident. No one doubts the benefits of this new mode of legal production, which is based on the «dialogue with multiple voices», for the progress of labor law, in the absence of due legislative intervention, increasingly abstentionist and fearful; but the vices it creates are not doubtful either, in terms of exaltation of interpretive diversity, therefore the hermeneutic chaos and legal insecurity. Consequently, after a careful analysis of the current situation in this area, the author of this analysis calls for a more responsible management –prudent– of the great legal power that the law of the European Union places in the hands of each judge, not only the Supreme Court and of the Constitutional Court, in order to avoid that conspicuous «dialogue with multiple voices» derive in a continuous «game of thrones» between community judges tokens by the «last word», in a never-ending, non-virtuous interpretative circle.El clásico conflicto entre la justicia social y la seguridad jurídica presenta, en los últimos años, un especial «dramatismo» en las relaciones de trabajo de España, a raíz del uso expansivo que los tribunales nacionales de «nivel inferior» están haciendo de la cuestión prejudicial ex artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La enorme potencialidad innovadora y disruptiva de los fallos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en gran medida algo sacralizados y tenidos como infalibles por los órganos judiciales nacionales, pese a cometer errores, y de bulto a veces, sumado a la falta de intervención legislativa para conformar nuestro derecho legislado a sus mandatos, está haciendo que cada nivel judicial cree su «propia lectura» del fallo comunitario, con opciones dispares entre unos y otros. Asuntos como De Diego Porras, Montero Mateos, en el ámbito de la contratación temporal, o los que dieron lugar al asunto Somoza Hermo, para la transmisión de empresa, así lo evidenciaría. Nadie duda de las bondades de este nuevo modo de producción jurídica, que se basa en el «diálogo a múltiples voces», para el progreso del derecho del trabajo, en ausencia de la debida intervención legislativa, cada vez más abstencionista y temeroso; pero tampoco son dudosos los vicios que crea, en términos de exaltación de la diversidad interpretativa, por lo tanto del caos hermenéutico y la inseguridad jurídica. Consecuentemente, tras un análisis detenido de la actualidad judicial en esta materia, el autor de este análisis reclama un manejo más responsable –prudente– del formidable poder jurídico que el derecho de la Unión Europea pone en manos de cada juez, no solo del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, a fin de evitar que aquel conspicuo «diálogo a múltiples voces» derive en una continuo «juego de tronos» entre togados comunitarios por la «última palabra», en un círculo interpretativo sin fin, poco virtuoso