«Nuevas» lógicas autoritarias y crisis del Estado de Derecho en Colombia.

This article aims to analyze a current issue and a concern to theorists of criminal law and the theory of the State, which is the social protest as a constitutional right and its processes of criminalization and prosecution by the Colombian State. The theme proposed to be studied here, has a close relationship with consolidation or debacle of social welfare law of Colombian Nation. This is due to the fact that the way the social protest is handled by the Government, suggests it’s democratic or authoritarian character, bearing in mind that criminal law turns outto be an appendage of the constitutional right of the rule of law, and therefore, an appendix to the theory of the State. Due to the above, the analysis made of the proposed theme, is looking from a critical perspective to determine the current situation in the exercise of the constitutional right to social protest, the challenges of ordinary legislation as regulations for emergency for full satisfaction of this right and the way how those challenges in authoritarian contexts, where takes precedence values such as safety above principles and higher values such as freedom, political pluralism and dissent; have denied in practice the exercise of this right, returning at times of the 1886 Constitution where it was expressly forbidden to exercise the citizen protest. Under the same line of analysis, it will seek to warn that the processes of criminalization and prosecution of social protest in Colombia have become a conception of popular struggle as a crime, which could be contained through criminal law, thus, criminal law becomes an instrument of power to control and maintain the established order, thus fulfilling a political and ideological function that circumvents the main liberal and democratic principles, that should inform their practice, thus becoming an authoritarian paradigm of state openly against the rule of law which formally proclaims the 1991 Constitution. According to the above, this research work seeks to demonstrate the following working hypothesis: “as opposed to the model of social and democratic state of law, formally declared in the Constitution of 1991, in reality there operates an authoritarian and democratic versión of State of Rule, very efficient in terms of social control. In this context, the orientation of the criminal system and “public safety” departs from the system of guarantees inherent in the rule of law; to become a kind of authoritarian criminal law considering certain people as enemies of society, applying criminal law emergency which is incompatible with the principles of the rule of law”.El presente artículo pretende analizar un tema de actualidad y de preocupación para los teóricos del derecho penal y la teoría del Estado, el cual es la protesta social como derecho constitucional y sus procesos de criminalización y judicialización por parte del Estado colombiano. El tema que se propone estudiar aquí, tiene una estrecha relación con la consolidación o debacle del Estado social y de derecho colombiano, toda vez que la manera en que se maneja por parte del Estado la protesta social, deja entrever su carácter democrático o autoritario, teniendo siempre presente, que el derecho penal resulta ser un apéndice del derecho constitucional del Estado de derecho, y, en ese orden de ideas, un apéndice de la teoría del Estado. Por lo anterior, el análisis que se realiza de la temática planteada, busca desde una perspectiva crítica, determinar la situación actual que atraviesa el ejercicio del derecho constitucional a la protesta social, los desafíos que presenta la legislación ordinaria como normatividad de emergencia para la plena satisfacción de este derecho y como esos desafíos en contextos autoritarios, en donde adquiere preeminencia valores como la seguridad por encima de principios y valores superiores como la libertad, la pluralidad política y el disenso, han negado en la práctica el ejercicio de este derecho, retornándose a épocas de la Constitución de 1886 en donde se prohibía expresamente ejercer la protesta ciudadana. En ese sentido, se analizará aquí los procesos de criminalización y judicialización de la protesta social ocurridos a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1453 del 2011, también conocida como “ley de seguridad ciudadana”, en tanto política de Estado que mantiene los postulados del estado de emergencia dentro de la normatividad ordinaria, como herramienta para controlar las situaciones en momentos de pérdida de consenso y legitimidad. Bajo la misma línea de análisis, se buscará advertir que los procesos de criminalización y judicialización de la protesta social en Colombia han devenido en una concepción de la lucha popular como delito, susceptible de ser contenida mediante el derecho penal, de esta manera, el derecho penal deviene en instrumento del poder para controlar y mantener el orden establecido, cumpliendo así una función política e ideológica que soslaya los principales principios liberales y democráticos que debieran informar su práctica, constituyéndose así un paradigma autoritario de Estado en franca contravía con el Estado de derecho que pregona de manera formal la Constitución de 1991. En concordancia con lo anterior, el presente trabajo de investigación busca demostrar la siguiente hipótesis de trabajo: “en oposición al modelo de Estado social y democrático de derecho declarado formalmente en la Constitución de 1991, opera en la realidad una versión autoritaria y anti democrática del Estado muy eficiente en términos de control social. En estecontexto la orientación del sistema penal y de “seguridad ciudadana” se aleja del sistema garantista inherente al Estado de Derecho, para devenir en una suerte de derecho penal autoritario que considera a ciertas personas como enemigos de la sociedad, aplicándoles un derecho penal de emergencia incompatible con los principios del Estado de derecho.