Undermining of the right to social protest in Colombia, through its restrictive regulation and repression based on fear

ilustraciones, fotografías, tablasEl Derecho a la protesta social ha representado un motor de cambio y un mecanismo de reivindicación para las sociedades democráticas a lo largo de la historia y en muchos lugares del planeta. En tal virtud, el presente trabajo pretende dar cuenta del tratamiento otorgado al Derecho a la protesta social en Colombia en años recientes, por parte de las altas esferas del Gobierno Nacional, el cual se ha caracterizado por preservar una actuación represiva, acompañada de una dialéctica de criminalización de las luchas sociales y de enardecimiento y prolongación de los conflictos que se generan en el marco de las protestas. Consecuente con lo anterior, el presente trabajo abordará el derecho a la protesta en Colombia analizado en clave de las diversas vicisitudes y limitaciones que ha presentado en el actual gobierno del presidente Iván Duque, el cual, valiéndose de la marcada dependencia que presenta su administración al poder ejercido por las Fuerzas Armadas del país y del rol político que éstas tienen en Colombia, así como de las dialécticas amigo – enemigo y discursos de criminalización de la resistencia civil y la movilización social como parte importante de la ejecución de sus programas de seguridad y defensa, acompañadas de una actitud represiva hacia la protesta desde los niveles legislativo, ejecutivo y judicial evidencian la tendencia que se ha venido gestando en nuestro país para satanizar y deslegitimar la protesta social, tendencia que si bien no es una invención del actual Presidente, sino que se trata de una doctrina de vieja data, sí se ha exacerbado y usado desmedidamente a partir del 7 de agosto de 2018; no en vano el actual periodo presidencial ha sido el de mayor presencia de protestas y movilizaciones en la historia republicana del país. Este proceder, se ha visto fortalecido por el papel de las Fuerzas Armadas como estructurantes del Estado y por la dependencia del gobierno de Iván Duque hacia estos cuerpos armados, permitiéndoles gran autonomía y carta blanca al momento de cumplir con su función constitucional. Adicional a ello y dado que el poder de las armas eventualmente no resulta suficiente para ejercer un control completo a las manifestaciones de disenso, también desde las diferentes ramas del poder público se despliegan actos de limitación que, además de resultar desproporcionados frente a estándares internacionales, dificultan la realización efectiva de este Derecho Humano y compromete en cabeza del Estado la observancia de las obligaciones de respeto y garantía que le son exigibles, ocasionando que pueda recaer en cabeza del Estado colombiano una responsabilidad por la violación sistemática de este Derecho, pudiendo ser objeto de condenas a nivel del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. (Texto tomado de la fuente).The right to social protest has represented an engine of change and a claim mechanism for democratic societies throughout history and in many places on the planet. In that sense, this research aims to account for the treatment given to the right to social protest in Colombia in recent years by the high command of the National Government, which has been characterized by preserving a repressive action, accompanied by a dialectic of criminalization of social claims and arousing and prolongation of the conflicts that are generated within the framework of the protests. Consistent with the foregoing, this work will address the right to social protest in Colombia analyzed in terms of the various vicissitudes and limitations that the current government of President Iván Duque has presented in and whose administration has had a marked dependence to the power exercised by the country's Armed Forces and the political role that they have in Colombia, as well as the friend-enemy dialectics and criminalization speeches about civil resistance and social mobilization as an important part of the execution of his security and defense programs, accompanied by a repressive attitude towards the protest from the legislative, executive and judicial levels that shows a trend of care that has been developing in our country to demonize and delegitimize social protest, a trend that, although it is not an invention of the current President, it is an old-fashioned doctrine that has been exacerbated and used excessively since August 7th 2018; not for nothing, the current presidential term has been the one with the greatest presence of protests and mobilizations in the country's republican history. This procedure has been strengthened by the role of the Armed Forces as structuring bodies of the State and by the dependence of the government of Iván Duque towards these armed forces, allowing them great autonomy and authorization when they must fulfill their constitutional function. In addition to this, and taking into account that the power of arms is eventually not enough to exercise complete control over the manifestations of dissent, acts of limitation are also deployed from the different branches of public power that, apart from being disproportionate to international standards, hinder the effective realization of this Human Right and commits at the head of the State, the observance of the obligations of respect and guarantee that are required of it, causing that the Colombian State may be responsible for the systematic violation of this Right, and may be subject of convictions at the level of the Inter-American Human Rights System.Incluye índice analíticoTesis con profundización en Derechos Humanos y Derecho Internacional HumanitarioMaestríaMagíster en DerechoEn el aspecto conceptual, la metodología a través de la cual se abordará el presente trabajo se concentrará en el planteamiento epistemológico del problema y el desarrollo de este con relación a la hipótesis. Para ello, se partirá de la conceptualización sobre el derecho a la protesta, así como del marco teórico desarrollado, el cual incluye una aproximación dogmática al Derecho a la protesta en su naturaleza y características y de los demás derechos que lo componen, los estándares internacionales y nacionales sobre el mencionado derecho, el tratamiento otorgado por el Estado colombiano en diversas oportunidades, incluyendo casos emblemáticos, pasando por la regulación y abordaje realizado en otros países, a través de un ejercicio de derecho comparado y finalizando con las restricciones impuestas a la protesta social en Colombia con énfasis desde el estallido social de 2021, cuyos antecedentes se remontan a 2019