Vinculación a la declaración de hechos probados en las regularizaciones tributarias

The purpose of this paper is the study of the prevalence of criminal jurisdiction in the determination of facts; specifically those that within the criminal procedure have been determined as «proven» and its linkage to other orders (in our case to the Tax order following the reforms carried out by the Law [Ley Orgánica] 7/2012, of December 27 and Law 34/2015, of 21 September, which have led to a radical change in the articulation of the communications between the complainant tax authorities and the criminal court). It also analyzes the consequences (legal and constitutional) that arise from the breach of this constitutional mandate. In particular, when the Administration regularizes on the basis of facts that do not correspond properly with those declared as «proven» in the criminal order.El presente trabajo tiene por objeto el estudio de la prevalencia de la jurisdicción penal en la fijación de hechos; concretamente de aquellos que dentro del proceso penal han logrado el carácter de «probados» y su vinculación a otros órdenes (en nuestro caso al ordenamiento tributario tras las reformas llevadas a cabo por la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, y la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, que han supuesto un cambio radical en la articulación de las relaciones de comunicación entre la Administración tributaria denunciante y el juez penal). Asimismo se analizan las consecuencias (constitucionales y legales) que se derivan del incumplimiento de dicho mandato constitucional; en particular, cuando la Administración regulariza con base en hechos que no guardan la debida correspondencia con los declarados probados en sede penal