El ordenamiento italiano y la «tutela creciente» frente a los despidos improcedentes

This article analyzes the reform of the Italian discipline of dismissals, introduced by Legislative Decree no. 23/2015. This important change in employment law was decided by the Italian Government on the basis of Law no. 183/2014. This new Legislative Decree applies only to employees hired after its entry into force, so that the future dismissals from employment relationship began prior to the reform will be governed by the previous legislation including Article 18 of Law no. 300/1970 (the famous Statuto dei Lavoratori). In particular, Legislative Decree no. 23/2015 changed the rules on sanctions applicable to employers in all kinds of unlawful dismissal: discriminatory dismissals or otherwise null; inadequately motivated disciplinary dismissals; dismissals unlawfully motivated by reasons related to the individual employee (e. g. for sickness absence that had not exceeded the legal limits); individual and collective dismissals in overstaffed businesses, crisis or receivership procedures. The most important innovations consist in a sharp reduction of the sanctions for unlawful dismissals of employees hired by employers with more than fifteen employees. Before this reform, in several cases of unlawful dismissal, employees were entitled to reinstatement in the workplace and in the remaining cases were entitled to a lump-sum compensation of an amount specified by the Court and still high (12 to 24 months' salary). According to the Legislative Decree no. 23/2015, instead, the reintegration into the workplace is no longer the general rule, but it is an exception applicable only in case of discrimination, in other cases of nullity of the dismissal and in few cases in which the disciplinary dismissal was motivated on the basis of an accusation based on non-existent facts. In all other cases of unlawful dismissal, including all cases of dismissal for economic reasons, the employee is entitled only to a lump-sum compensation for damages equal to two months' salary for each year of duration of the employment relationship, with a minimum of four months' salary for employment relationships of less than two years and a maximum of twenty-four months' salary for relationships lasted more than twelve years (actual average amounts will be probably lower, as was also introduced a partial tax incentive in order to encourage to reach a dispute settlement before the beginning of Labour Court trials). After offering an overview of Legislative Decree no. 23/2015, the author analyzes the main difficulties in the interpretation of the new rules, and finally concludes that this very significant reform appears a continuation of employment law reforms of recent years, since it aims to protect employers more in the labour market rather than in the employment relationship, and because it reduced the discretionary power of Labour Courts.Este artículo analiza la reforma de los despidos en Italia, introducida por el Decreto Legislativo núm. 23/2015. Este importante cambio en el Derecho del Trabajo fue adoptado por el Gobierno italiano sobre la base de la Ley núm. 183/2014. Este nuevo Decreto Legislativo se aplica solo a los empleados contratados después de su entrada en vigor, de modo que los despidos anteriores a la reforma se regirán por la normativa precedente, incluido el artículo 18 de la Ley núm. 300/1970 (el famoso Statuto dei Lavoratori). En particular, el Decreto Legislativo núm. 23/2015 cambió el régimen de sanciones aplicables a los empleadores en todos los tipos de despidos improcedentes: despidos discriminatorios o, en todo caso, nulos; despidos disciplinarios insuficientemente motivados; despidos motivados ilegalmente por razones relacionadas con el empleado individual (por ejemplo, para las bajas por enfermedad que no excedan de los límites legales); despidos individuales y colectivos en los procedimientos de las empresas, por crisis o exceso de personal. Las innovaciones más importantes consisten en una fuerte reducción de las sanciones por despidos ilegales de los empleados contratados por los empleadores con más de 15 empleados. Antes de esta reforma, en bastantes casos de despido improcedente, los empleados tenían derecho a la reincorporación en el lugar de trabajo y en los casos restantes a una indemnización a tanto alzado de un importe determinado por el tribunal que sigue siendo alta (12 a 24 meses de salario). De acuerdo con el Decreto Legislativo núm. 23/2015, en cambio, la readmisión en el lugar de trabajo ya no es la regla general, pero es una excepción aplicable en caso de discriminación, en supuestos de nulidad del despido y en aquellos en que el despido disciplinario fue motivado con base en una acusación basada en hechos inexistentes. En todos los demás casos de despido improcedente, incluyendo todos los casos de despido por razones económicas, el empleado tiene derecho únicamente a una indemnización a tanto alzado por daños equivalente a 2 meses de salario por cada año de duración de la relación laboral, con un mínimo de 4 meses de salario para las relaciones de trabajo de menos de 2 años y un máximo de 24 meses de sueldo para las relaciones que duraron más de 12 años (las cantidades medias reales serán probablemente menores, puesto que también se introdujo un incentivo fiscal parcial a fin de alentar llegar a una solución extrajudicial antes de plantear litigios en los tribunales laborales). Después de ofrecer una visión general del Decreto Legislativo núm. 23/2015, el autor analiza las principales dificultades en la interpretación de las nuevas normas, y, finalmente, llega a la conclusión de que esta reforma, muy significativa, parece una continuación de las reformas del Derecho laboral de los últimos años, ya que tiene como objetivo proteger a los empleadores más en el mercado de trabajo que en la relación laboral, debido a que reduce el poder discrecional de los tribunales laborales