Colonialidades legales: la constitucionalización de la justicia indígena y la continuidad del discurso judicial hegemónico en Ecuador

This paper examines a binding judgement on the enforceability of indigenous justice given in 2014 by the Constitutional Court of Ecuador. Although plurinationality, interculturality, and indigenous jurisdiction had been recognized in the Constitution of 2008, we show that the Court’s decision did not convey an intercultural understanding of the plurinational state. Based on an examination of the parliamentary records of the Constituent Assembly of 2007-2008 and its working boards, we analysed the petitions of the indigenous movement and compared them with the 2014 reflecting an initial moment of apparent inclusion in the constituent moment that is later confirmed as exclusion through the practice of the Court. We argue that the indigenous aspiration to a plurinational state was not just a demand for inclusion, it constituted a counter-hegemonic call, which should have provided the foundations to integrate diverse representations of justice in judicial practice. However, the Court legitimised a monolithic image of justice, drawing from a Western epistemic tradition through a human rights discourse that rigidly confined the protection of the right to life to the boundaries of criminal law. The Constitutional Court thus reaffirmed the penal apparatus as the only legitimate mechanism to protect life, which in turn subordinates indigenous justice, severely narrowing its applicability. This case may warn of the perils of inferior recognition at other legally plural sites.Este estudio examina una sentencia vinculante sobre la exigibilidad de la justicia indígena dictada en 2014 por la Corte Constitucional de Ecuador. Si bien la plurinacionalidad, la interculturalidad y la jurisdicción indígena se habían reconocido en la Constitución de 2008, evidenciamos que la decisión de la Corte no transmitió una comprensión intercultural del Estado plurinacional. Con base en un examen de los registros parlamentarios de la Asamblea Constituyente de 2007-2008 y sus mesas de trabajo, analizamos las peticiones del movimiento indígena y las comparamos con la sentencia constitucional de 2014, evidenciando un momento inicial de aparente inclusión en la fase constituyente, que luego se confirma como de exclusión a través de la práctica de la Corte. Argumentamos que la aspiración indígena a un Estado plurinacional no era solo una demanda de inclusión, sino que constituía un llamado contrahegemónico que debería haber proporcionado las bases para integrar diversas representaciones de la justicia en la práctica judicial. Sin embargo, la Corte legitimó una imagen monolítica de la justicia, restringiendo la protección del derecho a la vida a los límites del derecho penal. La Corte Constitucional reafirmó así al aparato penal como el único mecanismo legítimo para proteger la vida como bien jurídico, lo que a su vez subordina a la justicia indígena, restringiendo severamente su aplicabilidad. Este caso nos puede advertir sobre los peligros de un reconocimiento constitucional inferior en contextos jurídicos plurales