Acuerdos de riesgo compartido para medicamentos de alto costo en Chile

The objective of this article is to characterize and analyze the risk-sharing agreements proposed by the pharmaceutical industry to achieve coverage under the Financial Protection System for High Cost Diagnostics and Treatments in Chile (Ricarte Soto Law). Through a review of the literature on the subject, a taxonomy of risk-sharing agreements was elaborated, identifying the advantages and disadvantages of each type from the perspective of public health policies. Findings show that most of the offers received considered financial agreements, mainly price discounts. To a lesser extent, bonification and portfolio discount also stand out for their frequency. It is important to note that the case analyzed is one of the first formal experiences of requesting risk-sharing agreements in the Chilean public health sector. However, the design and implementation of these contracts require a more proactive role of the public buyer. This demands the development of skills and infrastructure in the public health sector that allow the measurement of the performance of health technologies in practice.El objetivo de este artículo es caracterizar y analizar los acuerdos de riesgo compartido que la industria farmacéutica propuso para la inclusión de medicamentos en el cuarto decreto del Sistema de Protección Financiera para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo de Chile (Ley Ricarte Soto). Mediante una revisión de la literatura internacional sobre la materia, se elaboró una taxonomía de los acuerdos de riesgo compartido, identificando las ventajas y desventajas de cada tipo desde la perspectiva de las políticas públicas en salud. Entre los resultados de esta investigación destaca que la mayor parte de las ofertas recibidas consideró acuerdos del tipo financiero, siendo los más frecuentes los descuentos de precios, y, en menor medida, las bonificaciones y los descuentos por adquisición de un portafolio de productos de un mismo proveedor. Cabe mencionar que el caso analizado constituye una de las primeras experiencias formales de solicitud de este tipo de instrumentos en el sector público de salud chileno. Sin embargo, el diseño e implementación real de estos contratos requiere un rol más proactivo del comprador público, lo cual demanda la generación de competencias e infraestructura que permitan la medición del desempeño de las tecnologías sanitarias en la práctica