Servicio doméstico y actividad de cuidados en el hogar: la encrucijada desde lo privado y lo público

Social and demographic changes lead to the need to reconfigure the usual functioning of care: while care demands increase and diversify, the actual capacity of their coverage by families decreases. The response from the State to this imbalance is clearly insufficient, typical of a welfare state that shifts the responsibility of care to the family and that is mainly assumed by women. Given this situation, families resort to the outsourcing of care. As a private strategy, the use of domestic service, which is no longer associated with social position, is particularly highlighted. Although the hiring of people for care implies a way of economically recognizing tasks that have never been considered productive, the regulation of the sector is insufficient and reflects a clear legal and political disinterest. So, we are at a crossroads where neither familiar or state care solutions are sufficient. First, the family cannot cover the care need. Secondly, the State does not provide adequate and sufficient public care alternatives. Overall, lack of regulation for domestic workers clearly differentiates these workers from others from a legal standpoint, causing a double vulnerability in workers and in the receptors of care.Los cambios sociales y demográficos propios de las sociedades actuales dan paso a la necesidad de reconfigurar el funcionamiento habitual de los cuidados: las demandas aumentan y se diversifican, mientras que disminuye la capacidad real de su cobertura por parte de las familias. Las respuestas desde el Estado ante este desequilibrio son claramente insuficientes, propias de un Estado asistencialista que desplaza la responsabilidad del cuidado al ámbito familiar y que principalmente asumen las mujeres. Ante esta tesitura, las familias recurren a la externalización de los cuidados. Como estrategia privada destaca especialmente el recurso a la contratación de servicio doméstico, que deja de asociarse a la posición social. Si bien la contratación de personas para el cuidado implica una forma de reconocer económicamente labores que nunca han sido consideradas productivas, la regulación normativa del sector es insuficiente y refleja un claro desinterés jurídico y político. Estamos ante una encrucijada de los cuidados que no encuentra solución ni desde lo privado ni desde lo público: en primer lugar, la familia no puede dar respuesta a la necesidad de cuidado. En segundo lugar, el Estado no aporta soluciones públicas suficientes. Por último, la regulación del servicio doméstico, que impone una desigualdad clara frente al resto de trabajadores del régimen general, sume a trabajadoras y por lo tanto a los demandantes de cuidado en una situación de vulnerabilidad