El acceso a la información, un derecho que se desdibuja ante un Estado clientelar y patrimonialista

The article describes the challenges faced in the process of approval of the legislation for Access to Public Information, Decree 57-2008, in Guatemala, mainly due to the legacy of authoritative regimes —despite the fact that the country has formally transitioned to democracy. This legacy manifests itself not only in the government institutions but also in numerous amounts of common practices (such as clientelism and patronage) that have created the perfect environment for the State to function in a way that privileges and favors certain sectors or groups. The weight of this legacy and its expressions has not only impacted the design of a piece of legislation, but it has gone so far as to endanger it's implementation and institutionalization. This became evident through an exercise of request to public records that the digital newspaper "Plaza Publica" carried out. After four years since the approval of the legislation, the path to guarantee free access to public information and the promotion of actions that would prevent blatant secrecy and abstruseness, remains a long and rocky one.El presente artículo expone los problemas que enfrentó la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública, Decreto 57-2008, en Guatemala, debido a los legados autoritarios que aún perviven a pesar de haber transitado a la democracia. Estos legados se manifiestan no solo en instituciones, sino también en algunas prácticas (clientelismo y patrimonialismo) que han sido el asidero perfecto para que el Estado funcione de tal forma que algunos actores políticos continúen teniendo privilegios y prebendas. Estas herencias y sus expresiones han afectado el diseño de una norma, pero además han tenido tal peso que han llegado a poner en riesgo su implementación e institucionalización. Esto quedó demostrado en un ejercicio de solicitudes de acceso a la información pública que hizo el periódico digital Plaza Pública. Después de cinco años de la entrada en vigencia de la ley, el camino para garantizar el derecho de acceso a la información y promover acciones que representen claras derrotas a la opacidad y el secretismo aún es escabroso.