Tránsito hacia un presidencialismo de poderes partidistas fuertes en Colombia.

A partir de la Constitución de 1991, Colombia se establece como un Estado Social de Derecho, construyéndose a partir de pilares de dignidad humana y la búsqueda de una igualdad real; en lo político, sus principales objetivos fueron, la apertura política, crear las condiciones para una democracia participativa, el pleno reconocimiento de derechos sociales, políticos y económicos, el mayor equilibrio entre las ramas del poder público y moralizar al Congreso. No obstante, la precaria normatividad sobre la regulación de estos temas, posibilitó efectos no deseados en el sistema de partidos. En este entendido, se privilegió cantidad sobre calidad, fragmentación exacerbada, desinstitucionalización partidista, personalización de la política, aunado al incremento de la corrupción y el clientelismo en el Congreso. El proceso reformatorio en Colombia, observa la necesidad de fortalecer los poderes partidistas, devolviendo al país la credibilidad y la legitimidad de las instituciones democráticas. Después de la introducción de las reformas constitucionales: acto legislativo 02 de 2004, que aprueba la reelección inmediata; 01 de 2003, que introduce novedades referentes al sistema de partidos y al sistema electoral, entre otros; el 01 de 2007, que modifica la Moción de Censura, tal como se concibió en la Constitución Política de 1991, y así mismo la ley 974 de 2005 que reglamenta el régimen de bancadas, se trasforma el clásico debate sobre la implantación del régimen parlamentario en Colombia como salida a los conflictos democráticos y de gobernabilidad que acontecen en mayor medida en gobiernos presidencialistas. De este modo, es pertinente realizar un análisis sobre la conveniencia o no de instaurar una forma de gobierno diferente a la presidencial en Colombia, a partir del momento constitucional que atraviesa el país, con la introducción de las mencionadas reformas