Inversiones extranjeras y derechos humanos: entre la permanencia y el cambio

El derecho internacional condiciona de modo creciente el funcionamiento de los países, al mismo tiempo que presenta problemas de fragmentación que exponen a las autoridades nacionales a señales contradictorias, sobre todo cuando sus diversos subsistemas persiguen objetivos susceptibles de entrar en colisión. Eso es lo que sucede con el régimen de protección de inversiones extranjeras – cuyo funcionamiento actual tiene por objetivo asegurar la estabilidad del entorno jurídico y económico de esas inversiones - frente al régimen de tutela de los derechos humanos - que implica asumir el deber de transformar muchos aspectos de ese mismo entorno para alcanzar las metas de satisfacción de los derechos consagrados en los tratados, en especial en aquellos países más alejados de las condiciones mínimas de disfrute de tales derechos-. Frente a esa potencial tensión, este artículo analiza si el avance en la efectivización de los derechos humanos puede ser interpretado como una violación a los estándares de los tratados bilaterales de protección de inversiones (TBIs), y en su caso, con qué alcance. Para ello estudia tres aspectos del régimen de tutela de los inversores que han dado lugar a reclamos frente a medidas regulatorias que modifican el clima de negocios: trato justo y equitativo, expropiación y cláusulas de estabilización. Por último, y a la luz de la discusión planteada, se estudia la exigencia del consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas para el desarrollo de proyectos productivos en sus territorios como una hipótesis concreta en la que la tensión queda puesta de manifiesto, sugiriendo algunas pautas para su abordaje