Crisis económica: ¿fin del intervencionismo estatal?

La intervención económica del Estado, doctrina y mandato de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y cuya existencia tiene profunda raíz revolucionaria popular, es un claro resultado de la ideología de la liberación que, por mucho tiempo alentó la modernización económica de México. Desde hace cincuenta y cinco años, las empresas públicas mexicanas denotan que la decisión de crearlas, conservarlas o, en su caso, de que el sector privado pueda adquirirlas o absorberlas, responde a momentos y exigencias específicas del desarrollo nacional. En general, la creación, adquisición o absorción y conservación de las entidades paraestatales en toda la diversidad de la estructura económica, brindó al gobierno mexicano la oportunidad de tomar los mandos o, al menos, ejercer la orientación general de la economía en conjunto, mediante la generación de insumos, de productos de uso final y de servicios, lo que también le permitió realizar profundas transformaciones no solo económicas, sino sociales, y con ello incluso se condicionó la vida política. Esas transformaciones, sin embargo, no siempre tuvieron un signo positivo, vistas las cosas desde el ángulo de una construcción nacional sólida y duradera, pues a su sombra prosperaron también innegables vicios económicos, sociales y políticos, algunos de los cuales fueron de simple comportamiento gubernamental, frente al conjunto social de la Nacion, y otros entraron de lleno en toda la extensión y profundidad de su estructura