Plazo razonable en el proceso penal

"La manifestación del poder punitivo del Estado y el Proceso Penal. Constituyen postulados fundamentales de nuestro sistema jurídico vigente, que el poder penal no sólo sea la ultima ratio para preservar determinados bienes jurídicos; sino antes, bien, que no pueda ser ejercido sin limitaciones ni contralores; lo que implica a su vez que su realización a través del proceso, no puede perpetuar su vigencia. El derecho procesal penal, se manifiesta en una transacción entre las funciones de esclarecimiento y las de garantía; por cuanto constituye tarea de esta última no sólo no condenar inocentes, sino, en cuanto sea posible, evitar la mera prosecución de procedimientos formales contra ellos. En tal punto de tensión, que involucra por un lado la vigencia de los derechos individuales, y por otro la eficacia del procedimiento, la ley procesal capta el tiempo con una doble significación: fija temporalmente cada acto, período o etapa procesal, determinando el momento de su producción o cumplimiento, y delimita la oportunidad del cumplimiento evitando prolongaciones o retrasos. Los precitados postulados, se conjugan y dan sustento a la noción de seguridad jurídica que (por respeto a la dignidad humana y a la libertad individual) obliga al Estado a fijar la manifestación de su poder penal, no sólo en presupuestos jurídicos penales materiales (nullum crimen nulla poena sine lege), sino también para asegurar su actuación en el caso en particular por medio de formalidades y de reglas beneficiosas para el ordenamiento jurídico