Victimización segundaria en procesos judiciales: la protección del estado a niños, niñas y adolescentes víctimas de agresiones sexuales

Memoria para optar al título de Periodista.A través del siguiente reportaje de investigación se abordará el trato de las instituciones del Estado, encargadas de brindar justicia y de investigar delitos de agresiones sexuales en niños, niñas y adolescentes a partir de las denuncias hechas por sus familiares. Esta inquietud nace debido a la campaña de la Fundación Amparo y Justicia “No me preguntes más” que trata sobre las constantes entrevistas que experimentan las víctimas de abuso sexual o violación donde se origina la victimización secundaria. Un fenómeno desconocido pero de gran relevancia y que debe ser considerado como un problema estructural al momento de entregar protección a quienes sufren tales delitos. Para la redacción de esta investigación es muy importante aclarar que el término “menor” no se utilizará para referirse a un niño, niña o adolescente, debido al carácter peyorativo de la expresión por manifestar una categoría más baja en comparación a los adultos. Además, desde que Chile ratificó la Convención de los Derechos del Niño en 1990, el documento los define como toda persona menor de 18 años, lo que no conlleva a una inferioridad en cuanto a su protección, cuidado y apoyo debido a su edad. Además, el lenguaje debe hacer una clara definición del género y de sus etapas de desarrollo. El presente trabajo se desarrolla gracias al testimonio de tres madres, cuyos nombres para efectos de esta investigación son ficticios, se evidenciará si los derechos fundamentales que garantiza la Convención, como es la protección, el ser escuchado y el apoyo que deben recibir los niños, niñas y adolescentes corresponde y es adecuado cuando ellos se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Sus relatos son acompañados por declaraciones de representantes de las instituciones que intervienen en este proceso y que entregan la visión que tiene el Estado, por medio de sus políticas públicas y de las medidas del Poder Judicial para otorgar una correcta atención a las víctimas. El primer capítulo contempla el relato de Marina, quién hasta la fecha, ha logrado conseguir que el agresor sexual de su hija haya sido formalizado. De esta manera, ella se enfrentó a la primera etapa del proceso de investigación de un caso de estas características y se expone cuál fue su experiencia en la recopilación del testimonio, las primeras pericias y de las constantes entrevistas. En sus páginas, además, intervienen sicólogos, sociólogos y abogados que debaten sobre la mirada que tiene el Estado sobre la infancia y cuáles son los desafíos que existen para obtener los estándares que exigen tratados internacionales en esta materia. Luego, se presenta el caso de Lorena, madre de un niño abusado en reiteradas ocasiones y que se encontró con el rechazo de la Fiscalía para seguir adelante con su acusación tras una negligencia ocurrida en el Servicio Médico Legal. Esto gatilló la negativa de seguir adelante con su denuncia y permitió que los culpables hayan quedado impunes del delito cometido. Posteriormente, se expone el relato de Miriam, quién logró completar el proceso de investigación y llegar a juicio para obtener una condena al agresor de su hija. Aquí se dan a conocer cómo actuó la Fiscalía en este caso, de qué manera ellos se preocuparon del cuidado de la víctima en la recopilación de evidencia y cómo fue el uso de las salas especiales en tribunales durante el juicio. También, se da a conocer la mirada de la Defensoría sobre la forma en que los niños declaran en juicios, poniendo en riesgo principios que están establecidos en la ley como el del acceso directo a la prueba, en este caso, la víctima