La aplicación de soluciones alternativas al conflicto penal, constitutivas del acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del procedimiento, a fin de dar cumplimiento con las garantías constitucionales, en el sistema acusatorio ecuatoriano.

Desde la proclamación del Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social y la incorporación a nuestro Ordenamiento Jurídico Nacional de la vigente Constitución de la República, altamente garantista, la Asamblea Nacional ha dado pasos firmes hacia la real concreción de medios alternativos a la justicia penal, con el fin de viabilizar en la práctica el principio constitucional y universal de mínima intervención penal. De este modo mediante leyes reformatorias se ha ido introduciendo dentro del Código de Procedimiento Penal mecanismos alternativos al proceso penal, que en su conjunto buscan reducir la cultura jurídica de conflicto, la reparación inmediata del daño causado por evento del delito -tanto para la víctima, como para el imputado y la sociedad-, el resarcimiento de las legítimas y justas demandas de la víctima, la descongestión de la sobre cargada labor de la Fiscalía General del Estado, la Defensoría Pública y los Juzgados y Tribunales de Garantías Penales. Sin embargo, la poca difusión de sus incuantificables beneficios ha limitado en grado sumo su real concreción dentro del engranaje procesal penal. A lo que debe sumarse el desprestigio que estos medios alterativos de justicia han recibido por importantes jurisconsultos que de manera errada siguen abrazando viejas usanzas del Sistema Inquisitivo, donde la privación de la libertad del imputado era la panacea y solución a todos los problemas sociales. Lamentablemente, no se llega a entender que la violencia solo trae más violencia y que la represión irracional del delito a la postre significa altos costos sociales por lo que la presente investigación apuntó hacia un cambio de concepción penal.From the declaration of the Constitutional State of Rights and Social Justice and the incorporation of the new National Legal Order of the Constitution of the Republic, with a lot warranties, the National Assembly has firmly advanced to the creation of alternative means of penal justice, in order to facilitate the practice of the constitutional and universal principle to minimize penal practice. Reformatory laws have been introduced in the code of penal Procedure with alternative mechanisms for the penal process, that jointly seek reducing the legal culture of the conflict, immediately repair the damage by the affected party, the perpetrator and the society – meeting of true and fair demands by the affected party, minimizing excessive work in the Government Attorney`s office, people`s public attorney and penal warranties courts and tribunals however, scarce diffusion of the great amount of benefits has decreased in a great deal its application in the imputed lawyers, who keep on using old practices of the inquisitive system, where the detention of the imputed party was used to solve all social troubles. Unfortunately, violence brings violence; irrational repression of offenses, results in high social costs, which is the reason for the current research to propose a change in the penal way of understanding