Impacto tributario en los servicios públicos domiciliarios

La prestación de los Servicios Públicos Domiciliarios (SPD) sufrió una trascendental modificación a partir de la Constitución de 1991, comenzando por su conceptualización, dado que antes se trataba de servicios que prestaba el Estado a través de empresas industriales y comerciales, de economía mixta con accionistas todos oficiales (o industriales y comerciales del Estado “de segundo grado”) y establecimientos públicos, pero a partir del nuevo marco constitucional y específicamente, de la Ley 142 de 1994, que desarrolló este tema, si bien el Estado debe garantizar la prestación de los SPD y en particular corresponde a los municipios asegurar su prestación a todos los habitantes de su jurisdicción, ya no es solo el Estado el titular de la prestación de los servicios, dado que si bien es cierto en la actualidad puede seguirlos prestando, también se permite la participación de actores privados organizados como sociedades anónimas y de comunidades organizadas1, sin que para tal efecto se requieran permisos o contratos especiales. En este orden de ideas, todos los prestadores de estos servicios, incluidos los estatales, lo hacen en un ambiente de libre competencia. Así las cosas, es evidente que la prestación de los servicios públicos domiciliarios dejó de ser una función administrativa.