En el marco del Estado social de derecho, los poderes públicos tienen encomendado, por mandato del propio texto constitucional, el desarrollo de políticas sociales orientadas a la consecución de la igualdad efectiva entre los ciudadanos, a la corrección de situaciones de necesidad y a la implementación de medidas orientadas al pleno empleo. A estos efectos, los diferentes sistemas de contratación pública se configuran como un instrumento idóneo para incidir, de forma positiva, en el desarrollo de las políticas sociales por parte de los poderes públicos, mediante la introducción, en los procedimientos de contratación, de cláusulas de contenido social que favorezcan la adopción de medidas de responsabilidad social por parte de las emp...