Responsabilidad civil y penal de las residencias privadas de mayores por los fallecimientos por Covid-19

Los efectos del coronavirus SARS-CoV-2 sobre los mayores, cuya vida discurría en régimen de internamiento residencial han sido devastadores, situándose estas personas, desgraciadamente, en el segmento poblacional más azotado por la actual pandemia. Los datos muestran cifras escalofriantes que apuntan en la actualidad más de 20.000 fallecidos, representado cifras superiores al 60% de las muertes debidas a la enfermedad COVID-191 . Esta aciaga estadística sitúa a nuestro país a la cabeza en Europa por lo que respecta al número de adultos mayores fallecidos en residencias2 . Pero es que además de las flagrantes violaciones del derecho a la vida y a la salud, se han vulnerado otros derechos capitales de las personas de edad, tales como la no discriminación, la vida privada y la muerte digna3 . El atroz resultado padecido, bien merece una profunda reflexión sobre las causas del mismo y acerca de su evitabilidad, siendo por ello particularmente necesario el estudio de la real configuración y organización de las muy heterogéneas residencias de mayores existentes en nuestro país, así como de la eficacia de las medidas adoptadas desde los distintos frentes concernidos durante la pandemia para la salvaguarda de la salud de sus usuarios