Acuerdo de Escazú: beneficio u obstáculo para los intereses nacionales. Análisis de la viabilidad de su ratificación para la legislación ambiental en el Perú

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe –denominado Acuerdo de Escazú– es un pacto internacional que tiene por objetivo garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información y participación pública en los procesos de toma de decisiones y acceso a la justicia en asuntos ambientales. De momento, el Perú, por decisión del Congreso, no había optado por la ratificación de este acuerdo, pero el debate sobre el mismo ha vuelto a la mesa del legislativo y se hace menester realizar un análisis de su viabilidad bajo la coyuntura actual nacional. Si bien se presenta como un pacto inocuo y benévolo y de fines loables en pro de la lucha contra el cambio climático y sus consecuencias, sobre todo en regiones tan vulnerables como el Perú y toda América Latina y el Caribe, resulta ser un texto que en lo técnico y jurídico tiene muchas lagunas, ambigüedades que pueden llevar a diversas interpretaciones, varias de éstas podrían colisionar con intereses nacionales. Asimismo, genera suspicacia que sus principales promotores en los diversos países firmantes sean sociedades civiles con bases muy politizadas o discursos radicales respecto a sus valores ambientalistas y declaradas opositoras de la inversión, contrarias a diálogos multi actorales que involucren una equiparada participación tanto del Estado, las Fuerzas Armadas como del sector privado extractivo, el cual se encuentra en el foco de atención, debate y furibundas críticas al ser el Perú un país minero, con una industria aún incipiente y que encuentra en la economía extractiva, de momento, la única fuente de desarrollo descentralizado, trabajo y lucha contra la pobreza y desigualdad. El país tiene una amplia normativa social y ambiental, en la que además se permite, avala y respeta la participación de las comunidades con transparencia en la información y diligencia en el deber de control y protección. Por tanto, en qué medida tienen cabida las demandas de Escazú y logran armonizar con la normativa y los intereses nacionales, es la clave del análisis por abordar.The Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Access to Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean –called the Escazú Agreement– is an international pact that aims to guarantee the full and effective implementation of the rights of access to information and public participation in decision-making processes and access to justice in environmental matters. At the moment, Peru, by decision of Congress, had not opted for the ratification of this agreement, but the debate on it has returned to the legislative table and it is necessary to carry out an analysis of its viability under the current national situation. Although it is presented as an innocuous and benevolent pact with praiseworthy goals in favor of the fight against climate change and its consequences, especially in regions as vulnerable as Peru and all of Latin America and the Caribbean, it turns out to be a text that technical and legal has many gaps, ambiguities that can lead to different interpretations, several of them colliding with national interests. Likewise, it generates suspicion that its main promoters in the various signatory countries are civil societies with highly politicized bases or radical discourses regarding their environmental values and declared opponents of investment, contrary to multi-stakeholder dialogues that involve an equal participation of both the State, the Armed Forces Armed with the extractive private sector, which is the focus of attention, debate and furious criticism as Peru is a mining country, with an industry still incipient and that finds in the extractive economy, at the moment, the only source of development decentralized, work and fight against poverty and inequality. The country has extensive social and environmental regulations, which also allow, endorse and respect the participation of communities with transparency in information and diligence in the duty of control and protection. Therefore, to what extent the demands of Escazú have a place and manage to harmonize with the regulations and national interests, is the key to the analysis to be addressed