El control de la defensa en el proceso penal por los operadores de justicia en El Salvador.

El presente trabajo de graduación, no solo es el requisito académico para poder obtener el grado de maestra en “Gestión Judicial”, que estuvo bajo la promoción de la Escuela de Capacitación Judicial, del Consejo Nacional de la Judicatura en convenio con la Universidad de El Salvador, para Jueces y Juezas de El Salvador, sino a la vez una herramienta de consulta para aquellos que estén interesados en conocer sobre un tema de interés en todo proceso, y que se ha vuelto una de las garantías más importantes del debido proceso, como es el derecho de defensa, abordar el mismo desde una perspectiva actualizada, origen de la misma que luego pasara a ser parte de un sistema Universal de Derechos Humanos y su posterior incorporación de manera gradual a las Constituciones de los países que se desarrollan dentro del marco de la democracia. Existen una diversidad de trabajos de esta naturaleza, variedad que deje de manifiesto lo importante que la institución de la defensa tiene y debe seguir teniendo, en la academia, en las aulas de formación, y entidades dedicadas a salvaguardar y cuidar de los derechos de las personas que se ven afectadas en los procesos que se instruyen en los sistemas de Justicia, pero por ahora referente a la justicia penal, razón por lo que el interés de los funcionarios en las diversas áreas del sistema deben estar involucrados y comprometidos con su tutela, el desarrollo y el alcance del mismo conlleva a una enorme transcendencia, como se podrá apreciar en esta investigación, la institución de la defensa, ya no solo se limita como históricamente se ha manejado a los procesos penales, su ejercicio y protección es y debe ser parte integral del derecho al debió proceso como se describe antes, el cual es uno de los más comúnmente infringido por los Estados, y a la vez la forma más usual en que los operadores del sistema de justicia, hacen incurrir a estos en responsabilidad internacional, según diversas sentencias emitidas por Tribunales de la región, así como de Europa por mencionar algunas, ello por cuanto el debido proceso o como lo llama la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “el derecho de defensa procesal” , es una garantía procesal que debe estar presente en toda clase de procesos, y no solo en el orden penal, sino igualmente en el orden civil, administrativo, laboral, y cualquier otro, donde exista una controversia, pues por medio de este derecho se genera la posibilidad legal y material de ejercerla defensa de los derechos e intereses de toda persona, ante las autoridades y en el juicio, y con ello se asegura la realización efectiva del principio de igualdad de partes y de contradicción que se genera en toda controversia, es pues un derecho ilimitado y fundamental, que puede ser realizada por el mismo o por su abogado; la defensa y un debido proceso es como se busca confirmar la legalidad y la correcta aplicación de las leyes, dentro de un marco de respeto mínimo a la dignidad humana