La responsabilidad extracontractual del estado en Colombia producto de los daños antijurídicos ocasionados en el marco de la actividad de la justicia arbitral. una mirada crítica a un problema con muchos desafíos por afrontar

Las dificultades que desde la doctrina se han planteado en torno a la posibilidad de atribuir responsabilidad al Estado por los hechos y omisiones derivados de la actividad arbitral en Colombia parecen ser el común denominador en el país, a tal punto que en la literatura especializada en la materia se ha propugnado por defender las teorías que pretenden demostrar que hablar de un escenario de reparación en tales eventos resulta a todas luces descabellado; no obstante, a partir de un acercamiento histórico-dogmático a la figura del arbitraje, sus características y evolución en este estudio se intentará explicar y justificar que tanto la Constitución como las leyes domésticas avalan esa posibilidad cuando del arbitraje nacional se trata, y que tanto en la teoría como en la práctica es posible plantear escenarios en los que el centro de imputación en estos casos sea el Estado, en virtud de la naturaleza de la función pública que los árbitros prestan. Ante ese panorama, lo que se plantea en este escrito es un relectura de la institución arbitral para abordar un debate con tantos desafíos y terrenos grises como es la responsabilidad del Estado producto de la actividad de la justicia arbitral.The difficulties that have been raised in legal doctrine regarding the possibility of attributing responsibility to the State for acts and omissions derived from arbitral activity in Colombia seem to be a common denominator in the country. To the extent that specialized literature in the field has advocated for defending theories that argue that discussing a scenario of accountability in such events is clearly unreasonable. However, through a historical and dogmatic approach to the institution of arbitration, its characteristics, and its evolution, this study aims to explain and justify that both the Constitution and domestic laws support this possibility when it comes to domestic arbitration. It will be argued that in theory and practice, scenarios can be envisaged in which the State can be held accountable due to the nature of the public function performed by arbitrators. Given this panorama, this paper proposes a reinterpretation of the arbitration institution to address a debate with as many challenges and gray areas as the responsibility of the State resulting from arbitral justice activity.MaestríaMagíster en Derecho de Estado con énfasis en Derecho Público (Modalidad Investigación