La hora de enseñar posturas críticas sobre la inclusión financiera digital

La transformación digital de las finanzas, y particularmente las empresas de tecnologías financieras (Fintech) han tomado un protagonismo absoluto en los debates recientes en torno al desarrollo económico e inclusivo. Si bien las Fintech no son nuevas (por ejemplo, Bloomberg fue creada en 1981 y Paypal a fines de la década de 1990), la cantidad de emprendimientos en este segmento aumentó exponencialmente luego de la crisis mundial del año 2008 tras el férreo replanteo hacia dentro de las instituciones tradicionales, y enfatizaron aún más su protagonismo tras la pandemia del Coronavirus. A escala global, las Fintech tomaron un papel protagónico en la promoción de la inclusión financiera, muy apoyadas por estándares globales y organismos internacionales. Ya en 2010 el G20 elaboraba el documento “Principles for Innovative Financial Inclusion” y luego con el informe “G20 High Level Principles for Digital Financial Inclusion”, creado por el GPFI en 2016, se esgrimió el objetivo que Gobiernos impulsen la inclusión financiera a través de las tecnologías digitales con planes de acción1 . Consecuentemente, cada vez más los gobiernos nacionales y las instituciones se comprometen a digitalizar sus entidades financieras y los grandes flujos de pagos en una férrea batalla contra el dinero efectivo2 . En este fenómeno global de auge y asentamiento de la inclusión financiera de índole digital, los nuevos instrumentos de pagos digitales se esgrimieron prominentes al destacar sus bondades. Los pagos son el tejido conectivo de todo sistema financiero, enlazan a los compradores con los vendedores y permiten a los gobiernos realizar transacciones con sus ciudadanos. De hecho, los pagos son el componente básico de los demás servicios financieros (ahorro, crédito, inversiones, seguros). Paralelamente, en el afán de destacar las bondades de los pagos digitales, comúnmente se enfatiza su aporte hacia la inclusión financiera y su impacto en la pobreza..