Infancias vulnerables en tiempos de pandemia: privaciones en el espacio de la alimentación y la salud integral

La seguridad alimentaria en la Argentina constituía un tema de agenda pública y del gobierno ya a inicios de la pandemia por COVID-19. Tanto es así que una de las principales políticas de Estado con que se inicia la gestión del gobierno en diciembre de 2019 es la alimentaria y su principal referencia es la llamada Tarjeta AlimentAR, emanada en el marco del Plan Nacional Argentina Contra el Hambre. Asimismo, existen evidencias de que los indicadores de inseguridad alimentaria representaban una alerta para los gobiernos por su estrecho vínculo con los indicadores de pobreza e indigencia, y su particular y elevada incidencia en la población infantil (Salvia et al., 2020; Tuñón y Poy, 2020). No obstante, el advenimiento de la crisis sanitaria profundizó los problemas macroeconómicos y tuvo un fuerte impacto en la situación socioeconómica y ocupacional con sus efectos regresivos en las condiciones de vida de las poblaciones, que se evidenció en un nuevo incremento histórico en los indicadores de pobreza e inseguridad alimentaria. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [FAO], alertaba respecto a las adversas consecuencias de la pandemia sobre los sistemas y la seguridad alimentarios en los países de América Latina y el Caribe. También interpelaba a los gobiernos sobre el efecto protector que podrían ejercer las políticas públicas de tipo complementarias en un escenario imprevisto como el que estableció la pandemia (FAO y CELAC, 2020). Justamente, estos organismos internacionales, estimaron que la prevalencia de la inseguridad alimentaria aumentaría a nivel global pero que sus efectos serían especialmente graves en la región de Latinoamérica y el Caribe (FAO y CEPAL, 2021)..