Derecho a la identidad. La diferencia entre tener un derecho y poder ejercerlo

El proyecto trabaja en el territorio de Gran La Plata con grupos vulnerables, poblaciones de bajos ingresos, pertenecientes a pueblos originarios y migrantes del MERCOSUR y países asociados. Abordamos el derecho a la identidad de estas poblaciones, entendiendo que los procesos de identificación sedimentan situaciones de desigualdad en el acceso a derechos, que a su vez afectan el modo de inclusión social de los diferentes grupos. Cuando este derecho es vulnerado se afecta el ejercicio de la ciudadanía, y otros derechos como el acceso a la educación, la salud, el trabajo o las asignaciones sociales se ven afectados. La identificación estatal permite individualizar a la persona en sociedad y se certifica a través de la documentación personal (por ejemplo: el DNI o los certificados de residencia legal) Asimismo, la identidad implica aspectos colectivos que permiten reconocernos en un origen y trayectorias comunes, fortaleciendo una historia compartida y estrategias de acción mancomunada. En este marco, durante el año 2011, trabajamos a partir de estrategias de intervención territorial mediante talleres en los que se abordan distintas dimensiones del derecho a la identidad: la promoción e información sobre los procedimientos y recursos disponibles para acceder a la documentación, la discusión de la problemática y talleres de expresión cultural con iniciativas tendientes a la facilitación del acceso a los bienes educativos y culturales socialmente disponibles. Nuestro trabajo apunta a incorporar la temática de modo paulatino y continuo en la agenda de las organizaciones populares, diseñando participativamente estrategias colectivas de acceso a los documentos e interviniendo en la formación de los empleados públicos a fin de incidir en el cumplimiento de los derechos habilitados por la norma jurídica. Buscamos transformar la visualización y acción colectiva sobre esta problemática específica en una plataforma desde la cual fortalecer, con el apoyo de la extensión universitaria, los mecanismos de autoorganización colectiva de los sectores populares y colaborar en la generación de políticas públicas capaces de garantizar el cumplimiento efectivo de los derecho