Privaciad VS Publicidad de los Datos Personales en Posesión de Autoridades

La protección de los datos personales es una obligación a cargo de los particulares y de las autoridades, dentro de la cual, tienen que velar por el cumplimiento de los principios tales como la privacidad y la confidencialidad de la información, así como de el establecimiento de una serie de medidas seguridad y de control que permitan la salvaguarda, protección, privacidad y confidencialidad de dichos datos mientras los mismos se encuentren sujetos al tratamiento de los entes públicos y/o los privados. Dependiendo de la legislación que se trate, existe la posibilidad de que la protección de los datos personales en posesión de los particulares u organismos públicos se encuentren regulados por la misma legislación y/o en legislaciones separadas, como lo es el caso de México, sin embargo, lo importante es que la o las legislaciones que contengan dicha protección establezcan las obligaciones, requisitos y medidas de seguridad a cargo de las autoridades y/o de los particulares. Ahora bien, con la apertura y el desarrollo del gobierno electrónico, tanto México como otros países han venido implementando programas, plataformas y sistemas electrónicos que permiten a la ciudadanía el tener accesos mucho más fáciles a las bases de datos o registros públicos que contienen información y datos personales de la ciudadanía, tales como registros públicos de actas de nacimiento, de defunción o de matrimonio; o registros públicos de inmuebles, de seguridad social o incluso de profesiones. Lo anterior, si bien es cierto representa una serie de avances relacionados con la aplicación de las nuevas tecnologías de información y comunicaciones en beneficio de la ciudadanía, también puede convertirse en un factor de riesgo para la misma, ya que en muchas de las ocasiones, por la facilidad y rapidez en la localización de la información y datos personales de una persona, las mismas pueden constituir una herramienta de gran utilidad para quienes realizan minería de datos o incluso, puede llegar a trascender incluso al hecho de que funcionen como una herramienta para suplantar la identidad de una persona y/o para cometer actos de extorsión, amenazas o delincuencia organizada. La minería de datos antes mencionada, no solamente puede ser realizada a través de bases de datos o fuentes de acceso público instaladas en plataformas o medios electrónicos, sino que incluso, puede realizarse de manera personal, cuando realizamos consultas de información de manera directa en los registros públicos que correspondan. Es decir, en el caso de los datos personales en posesión de las autoridades, nos encontramos con una doble dualidad en el manejo de la información ya que, por una parte, las autoridades tienen la obligación de garantizar la privacidad, resguardo confidencialidad de los datos personales contenidos en sus bases de datos, sin embargo, cuando dichos datos personales se encuentran en documentos o constancias que forman parte de los registros públicos, dichos documentos y los datos personales en ellos contenidos, tienen que ser públicos y de fácil acceso a la ciudadanía. Ahora bien y ejemplificando lo anterior de manera tal vez muy radical, podríamos decir que un mismo dato personal deberá ser guardado y protegido por una autoridad cuando el mismo no conste en un documento o base de datos que forme parte de una fuente de acceso públicos, ya que en el momento en el que el mismo dato personal pasa a una fuente de acceso público, entonces deberá ser público y accesible a toda la ciudadanía, sin que exista entonces para su consulta algún tipo de control o medida de seguridad que proteja los datos personales. Lo anterior no significa que los datos contenidos en los registros públicos o fuentes de acceso públicos no estén siendo tratadas de manera correcta o sin contar con las facultades necesarias para otorgar y facilitar la publicidad de la información, sin embargo, dados los cambios de cultura que estamos viviendo y sobre todo, con el incremento en algunos riesgos, tales como el incremento en la inseguridad que hemos estado viviendo en los últimos años en algunos países latinoamericanos, ha llegado el momento de replantearnos la posibilidad o incluso la necesidad de establecer medios de control que permitan el garantizar la protección de los ciudadanos sin que ello implique el restringir las funciones o finalidades de los registros públicos.Ponencia presentada en FIADI 2013, en Santa Cruz, Bolivi