Protección de la salud mental en el trabajo: Desafios para la institucionalidad chilena

Doctorado en Salud PúblicaNo disponible a texto completoObjetivo La presente investigación se propuso analizar la capacidad de la institucionalidad sanitaria chilena para proteger la salud mental de los trabajadores. Se planteó un estudio en profundidad de una política y sistema de salud, bajo un enfoque de estudio de caso. La unidad de análisis se construyó combinando la legislación, la red de actores que participan del sistema de salud laboral, las políticas e iniciativas sobre salud mental y la fuerza laboral chilena. Método La información fue recopilada a través de análisis documental, entrevistas individuales a informantes clave, observación participante, y algunos análisis estadísticos. Resultados Los resultados muestran que el sistema de salud laboral está ampliamente legitimado, y que existe una valoración transversal de la ley 16.744. Se reconoce el desarrollo de una capacidad médica de calidad, y de una atención eficiente de los accidentes laborales. No así de las enfermedades. Sus mayores debilidades son que aún existe un 30% de trabajadores no cubiertos, y la excesiva concentración en tareas asistenciales, en desmedro de la prevención, la cual, además de insuficiente, se sostiene en dispositivos institucionales poco realistas y que muchas veces son una mera formalidad. El sistema descansa de manera excesiva en los organismos administradores del Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, con un Estado poco comprometido, sin una visión de futuro respecto de la seguridad y la salud en el trabajo, y muy disperso en su labor de rectoría. Conclusiones El tema de la salud mental laboral está lejos de ser una inquietud del sistema político, tampoco de los trabajadores. Hay resistencias a abordar el tema, porque pareciera que la protección de la salud mental de los trabajadores cuestionaría la actual institucionalidad, basada en la causa de la enfermedad. Finalmente, se entregan recomendaciones para una política de protección de la salud mental de los trabajadores, que incluye cambios en la normativa laboral y formas de incorporación de los riesgos psicosociales, enfoque que a pesar de ser débil epistemológicamente, emerge como una vía privilegiada para avanzar hacia consensos que hagan socialmente pertinente implementar algunas medidas