La utilización de software libre y estándares abiertos en la construcción del gobierno electrónico

En esta investigación mostramos cómo la utilización de software libre y estándares abiertos son una necesidad social, por lo que deberían considerarse como herramientas básicas que bien podrían estar incluidos de manera prioritaria dentro de las estrategias del gobierno electrónico. Así, mientras el software privativo utiliza una serie de protecciones jurídicas y tecnológicas, el software libre brinda al usuario garantías y esquemas de libertad que tienen connotaciones sociales que no pueden ignorarse. Dejamos de manifiesto la necesidad de romper con los monopolios en materia de software privativo, y que se procure buscar alternativas en los programas de uso frecuente, tanto por razones económicas como de crecimiento y mejoramiento de ellos. Por ello, se muestra cómo la utilización del software libre es una necesidad para el sostenimiento y desarrollo futuro del gobierno electrónico, no sólo desde el punto de vista técnico, sino también desde una perspectiva económica y de permanencia en el tiempo de la información pública. Esta situación no se soluciona con programas privativos ni formatos cerrados, pues éstos son una limitación importante para las posibilidades de acceso e intercambio de información con los ciudadanos o con otras instituciones. También se verá cómo es posible que la relación entre el Estado y los ciudadanos pueda verse mejorada significativamente cuando muchos de los servicios que debe prestar la Administración puedan ser accedidos mediante sistemas remotos, utilizando el software libre para luchar contra la brecha digital y la denominada piratería informática, y promover un verdadero acercamiento del sector civil a los servicios públicos automatizados, todo lo cual debería ser parte de los grandes objetivos del gobierno electrónico. Con ello se respalda y justifica la emisión de una política pública que permita expresamente y estimule la utilización del software libre y estándares abiertos dentro del sector público, que debe incluir la obligación estatal de brindar al ciudadano información sobre la existencia de otras alternativas que sean igualmente asequibles para todos