El derecho de acceso a la información pública frente a las autonomías constitucionales. — El caso del Banco Central y la Contraloría General de la República.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)No autorizada por el autor para ser publicada a texto completoEn la presente investigación se sistematiza la información relativa al derecho de acceso a la información pública a nivel de nuestra normativa interna, desde una perspectiva histórica y conceptual, de manera que analizamos el tratamiento de este derecho desde un escenario anterior a la entrada en vigencia de la ley N° 20.285 y su posterior implementación hasta el final del gobierno de la presidenta Bachelet. Nos hemos planteado como objetivo general el elaborar un juicio crítico respecto de si el desarrollo legal que realiza la ley 20285, respecto del actual artículo 8 de la Constitución Política de la República es suficiente desde la óptica de los requerimientos que nuestra sociedad y sistema democrático. Para dar cumplimiento a este objetivo, en una primera instancia se realiza un análisis doctrinario en la materia, principalmente los desarrollados en torno al concepto del derecho de acceso a la información pública. Luego se intenta delimitar su ámbito de acción mediante el estudio de otros derechos colindantes como lo son el derecho a la libertad de expresión, la probidad pública, principalmente en cuanto a los factores que los diferencian con el propio derecho de acceso a la información. Una vez conceptualizado el derecho de acceso a la información pública se realiza un análisis del marco normativo interno y comparado, para contextualizar esta temática, observando claro la ley Nº 20.285, sus principios, aplicaciones e instituciones. En lo posterior, se procederá a realizar un estudio de fondo acerca las autonomías constitucionales, desde una faceta tanto conceptual como funcional, para identificar luego la relación entre este tipo de entidades y el Banco Central y la Contraloría General de la República, analizando necesariamente a cada uno de los órganos reseñados, para así determinar si la aplicación diferenciada de la ley Nº 20.285 es necesaria o no, y de que forma se protege el derecho de acceso a la información pública, cuando se encuentra en poder de estos dos importantes órganos