Apuntes sobre la licitación pública

Los principios y normas jurídicas que rigen la contratación pública están orientados a un propósito bien específico: procurar que los contratos a ser celebrados por el Estado satisfagan, de la mejor manera, el interés público que con ellos se persigue. A tal efecto, los recaudos que hacen a la celebración de los contratos administrativos, en particular aquellos que concurren en la fase de selección del contratista en el marco del proceso licitatorio, adquieren una relevancia decisiva, a punto tal que su desatención es causa frecuente de dificultades y controversias durante la etapa de ejecución del contrato. De allí la utilidad de repasar algunos de los criterios imperantes en materia de licitación pública, que no son otros que aquellos que, a partir de la elaboración doctrinaria y jurisprudencial, y de los valiosos aportes de la Procuración del Tesoro de la Nación, se han ido consolidando en nuestro derecho, a punto tal que muchos de ellos han terminado por ser incorporados al ordenamiento positivo vigente(1). A fin de guardar cierto orden en la exposición, procuraré avanzar en el análisis en sintonía con la forma en que se suceden, habitualmente, las distintas etapas propias de todo proceso licitatorio..