Aspectos de la declaratoria de la urgencia manifiesta en la contratación estatal año 2020

En la revisión documental de la declaratoria de la urgencia manifiesta respecto de la contratación pública se puede evidenciar que los ordenadores del gasto pueden desconocer los principios de transparencia, economía y responsabilidad. Se presentan fugas de recursos que causan impactos económicos y sociales, así como disciplinarios y penales. Un objetivo general que busca determinar si la modalidad de contratación directa, mediante la figura de urgencia manifiesta por causa de la emergencia sanitaria COVID-19, durante los años 2020 y 2021, vulnera los principios de transparencia, legalidad y de selección objetiva. Metodología, Aplica un paradigma interpretativo, enfoque cualitativo, investigación descriptiva, con enfoque socio jurídico y técnica de revisión documental. El Control Inmediato de Legalidad (artículo 136, ley 1437-2011) sobre el principio de transparencia (Ley 80 de 1993. Art. 24) establece la actuación de las entidades y los particulares para llegar al contrato estatal; otros principios son: Publicidad, que fortalece la seguridad jurídica; principio de selección objetiva que permite la escogencia más favorable a la entidad. Se concluye que se busca optimizar los recursos y la garantia del bienestar para el ciudadano a través de la adquisición de bienes, obras o servicios, que además la ley impone al ordenador del gasto la salvaguarda de los recursos públicos por medio de una adecuada inversión de tal forma que se beneficie a la sociedad. ¿La contratación directa puede vulnerar los principios de transparencia y selección objetiva en la contratación estatal?Universidad Libre Seccional Socorro -- Facultad de derecho, ciencias políticas y sociales -- Especialización en derecho administrativoIn the documentary review of the declaration of manifest urgency regarding public procurement, it can be evidenced that the expense managers may ignore the principles of transparency, economy and responsibility. There are leaks of resources that cause economic and social impacts, as well as disciplinary and criminal ones. A general objective that seeks to determine if the direct contracting modality, through the figure of urgency manifested due to the COVID-19 health emergency, during the years 2020 and 2021, violates the principles of transparency, legality and objective selection. Methodology, Applies an interpretive paradigm, qualitative approach, descriptive research, with a socio-legal approach and a documentary review technique. The Immediate Control of Legality (article 136, law 1437-2011) on the principle of transparency (Law 80 of 1993. Art. 24) establishes the actions of entities and individuals to reach the state contract; other principles are: Publicity, which strengthens legal certainty; principle of objective selection that allows the most favorable choice for the entity. It is concluded that the aim is to optimize resources and guarantee the welfare of the citizen through the acquisition of goods, works or services, which, in addition, the law imposes on the spending authority to safeguard public resources through adequate investment in such a way that benefit society. Can direct contracting violate the principles of transparency and objective selection in state contracting