Vías dispuestas en nuestro ordenamiento para realizar el derecho de reparación derivado de las sentencias del TJUE en materia tributaria: A propósito de la recuperación del «céntimo sanitario»

Spanish Tax Authorities, for the purpose of the refund of the so-called «céntimo sanitario», consider and divulge that the only means (or procedure) for its administrative review is by way of the self-assessment tax return amendment. Now and then (and it seems to be clear as a result of ECJ Judgment in Case C-118/08 Transportes Urbanos y Servicios Generales, SAL of 26th January 2010) the affected tax payers have, among others, a direct action to request State-legislator's liability. This alternative does not know the limits of final judgments, consent or statute of limitations of previous administrative acts, the effect of res iudicata, etc. Moreover, the affected taxpayer –who is such because of his/her reliance on a statutory rule which obliged him/her to bear this certain tax– does not have the obligation of filing the relevant action against a tax which has been awarded with presumption of legality. Therefore, on the occasion of the ECJ Judgment in Case C-82/12 Transportes Jordi Besora, SL of 27th February 2014, these issues are revived again and raise self-interested and false or interesting controversies.Este trabajo ha obtenido el Accésit Premio Estudios Financieros 2014 en la modalidad de Tributación. La Agencia Tributaria, con ocasión de la devolución del denominado «céntimo sanitario», entiende y divulga que el único medio (o procedimiento) para la revisión en vía administrativa es el de rectificación de autoliquidaciones. Antes y ahora (lo que parece quedar claro a raíz de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 26 de enero de 2010, Asunto C-118/08. Transportes Urbanos y Servicios Generales, SAL), el perjudicado tiene, entre otras, expedita la acción de responsabilidad patrimonial del Estado-legislador. Vía que no conoce de los límites de firmeza, consentimiento o prescripción de actos administrativos previos, de los efectos de la cosa juzgada, etcétera. Es más, el perjudicado –que entre otras cosas lo es porque ha venido confiando en la norma que le obligaba a tributar o a soportar en definitiva el gravamen– no tiene por qué pasar por la obligación de pleitear previamente contra un tributo que goza de la presunción de legalidad. Pues bien, con ocasión de la Sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de febrero de 2014 sobre el «céntimo sanitario» (Asunto C-82/12. Transportes Jordi Besora, SL), estas cuestiones vuelven a revivirse y a suscitar falsas e interesadas o interesantes controversias