Codificando el derecho desde la base. El Código Penal de la provincia de Córdoba en la génesis de la Codificación Nacional (1867-1887)

Prólogo de José Daniel Cesano.El sistema federal adoptado en el proceso constituyente de 1853-1860, respondía, por una parte, a la experiencia confederativa vivida en los años anteriores y, por otra, a la impronta del modelo basado en la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica de 1787. Sin embargo, los constituyentes argentinos se apartaron de ese modelo al otorgar al Congreso Nacional la potestad de dictar los Códigos “civil, comercial, penal y de minería” (art. 67, inc. 11 CN). De esta manera la organización constitucional reflejaba la aspiración federal que permitía a las provincias conservar su identidad histórico-política, diversas razones coyunturales como la escasez de letrados en el interior del país y la sentida necesidad de uniformar las costumbres y la legislación, llevaron a los convencionales a adoptar el sistema europeo de la codificación en materia de derecho sustantivo. Como resultado de este proceso, se instauró un modelo híbrido, con rasgos federales en lo que se refiere al ejercicio de las potestades políticas y jurisdiccionales en el ámbito provincial, pero con un claro elemento unitario situado en la codificación del derecho sustantivo. La reserva agregada en 1860 reforzó la intangibilidad del poder jurisdiccional de las provincias, que conservaron así sus propios tribunales y la potestad para regular su derecho procesal. Por otra parte, se dispuso que hasta tanto el Congreso Nacional no sancionase los códigos sustantivos, las provincias se entendían facultadas para mantener su legislación civil y penal (art. 108 CN). El primer Código Penal Argentino no entraría en vigencia sino hasta 1887, por ello, en ejercicio de esa potestad transitoria, muchas provincias adoptaron en los años anteriores diversos proyectos de codificación que rigieron exclusivamente dentro de su ámbito territorial. El Proyecto Tejedor fue adoptado por la Provincia de Buenos Aires en 1877, La Rioja, quien fue la pionera, lo adoptó en 1876; Entre Ríos, San Juan, Corrientes, San Luis y Catamarca en 1878; Mendoza en 1779; Santa Fe y Salta en 1880 y Tucumán en 1881.Con respecto a las Provincias de Jujuy y Santiago del Estero no se dieron códigos provinciales rigiéndose por la normativa Castellana hasta la sanción del primer Código Nacional. Por su parte Córdoba adoptó, prácticamente sin modificaciones, el Proyecto de la comisión revisora presentado al Congreso Nacional en 1881. Este libro intenta analizar algunos aspectos de ese primer momento de codificación provincial, poniendo el foco de atención en el Código Penal vigente en la Provincia de Córdoba entre 1882 y 1886, procurando comprender el modo en el que los operadores de la justicia cordobesa se representaron el derecho codificado y determinar en qué medida es posible asociar esa representación a lo que se ha llamado “cultura del código”. Creemos que la experiencia de la codificación provincial no puede ser comprendida cabalmente si no se tiene en cuenta el modo en que la nueva ley fue utilizada en los tribunales. En este sentido, el Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba conserva, en su Fondo del Crimen, una importante cantidad de casos que fueron consultados y analizados en este trabajo. El universo documental para el período en que el código estuvo vigente (1883-1886) es de 403 casos. Se procura ofrecer un análisis cualitativo que, partiendo de los testimonios documentales, nos permita ofrecer una adecuada descripción referida a los rasgos que, en el plano de la cultura jurídica, pueden considerarse característicos de la experiencia práctica de la codificación penal provincial.The federal system adopted in the constituent process of 1853-1860 responded, on the one hand, to the confederative experience of previous years and, on the other, to the imprint of the model based on the Constitution of the United States of America of 1787. However, the Argentine constituents departed from this model by granting the National Congress the power to dictate the "civil, commercial, criminal and mining" Codes (Art. 67, sub. 11 CN). In this way, the constitutional organisation reflected the federal aspiration that allowed the provinces to preserve their historical-political identity, but various circumstantial reasons, such as the shortage of lawyers in the interior of the country and the felt need to standardise customs and legislation, led the Convention members to adopt the European system of codification in the area of substantive law. As a result of this process, a hybrid model was established, with federal features as regards the exercise of political and jurisdictional powers at the provincial level, but with a clear unitary element in the codification of substantive law. The reservation added in 1860 reinforced the intangibility of the jurisdictional power of the provinces, which thus retained their own courts and the power to regulate their procedural law. On the other hand, it was provided that until the National Congress enacted the substantive codes, the provinces were empowered to maintain their civil and criminal legislation (art. 108 CN). The first Argentine Criminal Code would not come into force until 1887, so, in exercise of this transitory power, many provinces adopted various codification projects in the previous years that were exclusively within their territorial scope. The Tejedor Project was adopted by the Province of Buenos Aires in 1877; La Rioja, which was the pioneer, adopted it in 1876; Entre Ríos, San Juan, Corrientes, San Luis and Catamarca in 1878; Mendoza in 1779; Santa Fe and Salta in 1880 and Tucumán in 1881; and the Provinces of Jujuy and Santiago del Estero did not adopt provincial codes but were governed by Castilian law until the first National Code was enacted. Cordoba, for its part, adopted, practically unchanged, the draft of the revision commission presented to the National Congress in 1881. This book attempts to analyse some aspects of that first moment of provincial codification, focusing on the Criminal Code in force in the Province of Cordoba between 1882 and 1886, trying to understand the way in which the operators of justice in Cordoba represented the codified law and to determine to what extent it is possible to associate that representation with what has been called "code culture". We believe that the experience of provincial codification cannot be fully understood without taking into account the way in which the new law was used in the courts. In this sense, the Historical Archive of the Province of Cordoba preserves, in its Crime Fund, an important number of cases that were consulted and analysed in this work. The documentary universe for the period in which the code was in force (1883-1886) is 403 cases. The aim is to offer a qualitative analysis which, based on the documentary testimonies, allows us to offer an adequate description of the features which, in terms of legal culture, can be considered characteristic of the practical experience of the provincial penal codification