Endureciendo los recursos de la justicia: orden social y criminalidad en los comienzos de la autonomía provincial : Mendoza, 1820-1828

La disolución de Cuyo en 1820 a partir del levantamiento del Regimiento de Cazadores en San Juan, marcó el comienzo de los esfuerzos de la élite local por configurar un orden provincial de acuerdo con los mentados nuevos principios republicano-representativos. No obstante, la herencia social y política que revolución y guerra habían dejado haría que el programa de aquélla se viera complejizado. En este registro, la politización social que las mismas autoridades revolucionarias habían estimulado, sobre todo durante la gestión sanmartiniana para garantizar la adhesión a la causa durante la urgencia militar, generó comportamientos de participación política que demostraban a la élite las dificultades para restablecer el orden social anterior a 1810. De hecho, la amplitud del fuero militar existente, dada la permanente presencia de tropas y milicias en servicio, acentuó los problemas a la hora de crear ese nuevo ordenamiento que la élite pretendía. La ponencia se propone entonces, mostrar cómo la justicia fue considerada en ese contexto un elemento clave de la organización política, y ello no tanto por la supuesta doctrina de conformar un tercer poder separado y contralor del ejecutivo y legislativo, como ha marcado cierta historiografía regional. En este sentido, era considerada clave por constituir un recurso de disciplinamiento social inestimable dada la vigencia aún de la noción tradicional de justicia como restablecimiento de la armonía comunitaria, pero también porque durante la etapa sanmartiniana sus funcionarios menores, los decuriones, se habían convertido en agentes habituales para la población respecto de la vigilancia y el control cotidiano. En este contexto, entonces, adquiere relevancia interpretativa el “horror” de los miembros de la élite ante la mentada extensión que la criminalidad alcanzaba en la sociedad local, por cuanto más que de un aumento de la delincuencia, suponemos que existió un discurso que insistió en ello con vista a legitimar el reforzamiento de las estructuras de vigilancia y punición. Para este estudio usaremos fuentes del Archivo Histórico de Mendoza, fundamentalmente provenientes de la sección judicial (sumarios civiles y militares, judicial criminal, correspondencia al alcalde de primer y segundo voto), y de la sección gobierno (actas capitulares, bandos, reglamentos), del mismo modo que las Actas de la Sala de Representantes.Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educació