Una alternativa a la jubilación forzosa: la jubilación parcial en la empresa privada y en la Administración Pública

Along this study the current situation of the retirement is analyzed both in the public companies public as in its private slope. The retirement in Spanish regulation allows and promotes an obligatory retreat of the workers as assets in the labour market because of age. As an alternative to this obligatiry nature, more known in our Law as «necessary retirement», we find a much more beneficial and progressive instrument for the workers at the moment of ceasing in the labour market. It is a question therefore of an approach that one can make real by means of the partial retirement. Nevertheless, the partial retirement not only is not being promoted by the legislation that regulates the labour situation of the employees in the private company, but in addition, the Public Administration does not allow the access to the partial retirement in the majority of the suppositions. Be it, becuase of the employment policies in the case of the private company, or because of a supposed absence of regulation in the matter in the public companies, it seems to be obvious that the legislator continues to choose mediocre measures that give certain short-term results, rather than reforms that would allow to achieve ideal results for retirement.A lo largo de este estudio se analiza la situación actual de la jubilación tanto en la empresa pública como en su vertiente privada. La jubilación en el ordenamiento jurídico español permite y fomenta una retirada obligatoria de los trabajadores de su situación en activo en el mercado laboral por razón de edad. Como alternativa a esta obligatoriedad, más conocida en nuestro Derecho como «jubilación forzosa», encontramos un instrumento mucho más beneficioso y progresivo para los trabajadores a la hora de cesar en el mercado laboral. Se trata por tanto de un enfoque que puede hacerse realidad mediante la jubilación parcial. No obstante, la jubilación parcial no sólo no está siendo fomentada por la legislación que regula la situación laboral de los empleados de la empresa privada, sino que además, la Administración Pública no permite el acceso a la jubilación parcial en la mayoría de los supuestos. Ya sea, por las políticas de empleo en el caso de la empresa privada, o por una presunta ausencia de desarrollo reglamentario de la materia en la empresa pública, parece obvio que el legislador sigue optando más por medidas mediocres que den cierto resultado a corto plazo, que por reformas a través de las cuales pueda obtenerse un resultado óptimo en materia de jubilación