Mercados y personas: Europa (económica) contra Europa (social)

Desde la crisis de 2008 y las recetas de austeridad y devaluación salarial ideadas para intentar hacerle frente, prácticamente ninguna de las normas con impacto social y laboral, se localicen o no en leyes de esta naturaleza, deja de responder a los mandatos –aunque tengan forma de «Recomendaciones» (el nombre ya refleja la ambivalencia)– de las instituciones internacionales de la «gobernanza económica», muy en especial de la Comisión Europea, pero también del FMI y de la OCDE. Podemos recordar brevemente las más conocidas y relevantes –reforma laboral, reforma de las pensiones, recortes del gasto público en general (empleo público, educación, asistencia sanitaria, dependencia, etc.)…–. Pero también es ilustrativo traer a colación algunas de las más recientes, como, en relación con la política activa de empleo de la legión de jóvenes desempleados en España –título IV RDL 8/2014: Recomendación del Consejo Europeo de 22 de abril de 2013 sobre el establecimiento de la Garantía Juvenil–, cuyas principales novedades fueron analizadas en el número anterior de esta Revista. O la última, más desapercibida en sus efectos laborales «des-localizados», la Ley 15/2014, 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa, y que, más allá del «caramelo» de un día más de «asuntos propios» para los empleados públicos, afectará negativamente a miles de empleados interinos –laborales y funcionarios de empleo–, y tras la que se encuentra la omnipresente Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, exigencia del principio de equilibrio urgido por el Pacto a tal fin comunitario y anualmente «recordado» por las Recomendaciones que se han venido sucediendo al respecto, incluyendo la última de 2014 en relación con el Programa Nacional de Reformas para este año de España