La nueva Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales

The Law Regulating the Social Jurisdiction has led to a substantial change in the social process, reflecting the new powers assumed by the social jurisdictional order to establish it in the specialized unified understanding of all social matters in the broad sense order, directly or connection. The initial basic idea that motivated the reformulation of social procedural rule was to set it as the unifying law in favor of the courts of the judicial social order of all the materials of prevention of occupational hazards, accidents and occupational diseases, except criminal law issues; to prevent, inter alia, that in case of accident or occupational disease the injured worker or employee or their beneficiaries or the employer or the managers or associates or insurance mainly necessarily have, if necessary, to go to the civil, social and administrative litigation to try to assert their rights, sufficing with its unique exercise to the social order, and thus avoiding the so-called «jurisdictional pilgrimage» to achieve greater legal certainty and speed in judicial response judged.La Ley Reguladora de la Jurisdicción Social ha comportado un cambio sustancial del proceso social, como reflejo de las nuevas competencias que asume el orden jurisdiccional social para constituirlo en el orden especializado para el conocimiento unificado de todas las materias sociales en sentido amplio, directamente o por conexión. La idea básica inicial que motivó la reformulación de la norma procesal social fue la de configurarla como la ley unificadora a favor de los juzgados y tribunales del orden jurisdiccional social de todas las materias de prevención de riesgos laborales, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, exceptuando las cuestiones de índole penal; para evitar, entre otros extremos, que en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional el trabajador o empleado accidentado o sus beneficiarios o el empresario o las entidades gestoras o colaboradoras o aseguradoras, fundamentalmente, tuvieran necesariamente, en su caso, que acudir a los juzgados civiles, sociales y contencioso-administrativos para intentar hacer valer sus derechos, bastando con su ejercicio único ante el orden social, y así evitando el denominado «peregrinaje de jurisdicciones» para lograr la mayor seguridad jurídica y celeridad en la respuesta judicial