Presentación: La jurisprudencia, «fuente» del derecho de la Seguridad Social: ¿más «generosidad» que «racionalización económica» o viceversa?

1. En un momento en el que parecen revisarse legislativamente, no sabemos por cuánto tiempo, ni con qué intensidad, algunas de las reformas más restrictivas en el sistema público de pensiones, así como en el conjunto de las prestaciones de la Seguridad Social (en especial prestaciones y subsidios por desempleo), en aras de una mayor suficiencia protectora, frente al valor de la sostenibilidad financiera, resulta interesante observar cómo se vive y se resuelve esa tensión en el ámbito en el que frecuentemente las personas se ven obligadas a defender su derecho a prestaciones sociales suficientes ante las situaciones de necesidad: el judicial. En días precedentes se han difundido diversas noticias que parecerían, de inicio, contradictorias. De un lado, sabemos que el nuevo Gobierno, que no puede dejar de preocuparse, también de ocuparse, de la garantía de sostenibilidad financiera del sistema, se ha empeñado en la lucha contra el fraude, no solo laboral, también social, de modo que ha trazado un plan específico para desvelar el abuso que eventualmente pudiera haber no solo en la rama de la incapacidad temporal (IT), sino también en la de la incapacidad permanente (IP), «poniendo su lupa» sobre todas ellas. Aunque ni hay estimaciones oficiales, ni podría haberlas, ciertos analistas elevan a miles las cifras de tales eventuales bolsas de «falsos inválidos» (incapacitados permanentes). En cambio, prácticamente al mismo tiempo, son también diversas las noticias que ponen de relieve cómo más de 40.000 personas verían rechazadas sus solicitudes de pensión en alguno de los grados de IP por el Instituto Nacional de la Seguridad Social –INSS–, recuperándose judicialmente en torno a la mitad