Nuevos derechos para nuevas situaciones de necesidad y de emergencia social: el ingreso mínimo vital

Situations of poverty and social exclusion have increased dramatically in the societies of today’s capitalism for structural reasons (revolution 4.0 and their non-neutral productive use on the basis of «economic» criteria, de-standardization and widespread precariousness of labour and employment markets, incidence of ecological changes, neoliberal globalization and neoliberal labour flexibility policies, etc.) and conjunctural ones, carried out with those but especially linked to the economic, health and social crises of recent years. In this problematic and antagonistic context of interests and values, minimum income is one of the social institutions that are sparking further debate within the framework of the European Union, where a proposal for a European Framework Directive has been advanced. The minimum living income (MLI/IMV) introduced into our country under Royal Decree-Law 20/2020, of 29 May, constitutes a modest expression in its objectives, but in itself very important since the «reason of society», of minimum income guarantee measures under the paradigm of «conditional» (conditional automatic social stabilizers). It is a measure that was already on the PSOE and United We Can coalition government program, and that the Covid-19 epidemic it has merely recommended and accelerated its immediate and urgent legislative establishment within the framework of the law of the emergency, although intended as a permanent social protection legal institution.Las situaciones de pobreza y de exclusión social se han incrementado extraordinariamente en las sociedades del capitalismo actual por razones estructurales (revolución 4.0 y su utilización productiva no neutral con base en criterios «economicistas», desestandarización y precarización generalizada de los mercados de trabajo y del empleo, incidencia de los cambios ecológicos, globalización neoliberal y políticas de flexibilidad laboral neoliberal, etc.) y coyunturales, realizadas con aquellas, pero especialmente vinculadas a las crisis económicas, sanitarias y sociales de los últimos años. En este contexto problemático y antagonista de intereses y valores, la renta mínima es una de las instituciones sociales que están suscitando un mayor debate en el marco de la Unión Europea, donde se ha avanzado una propuesta de directiva marco europea. El ingreso mínimo vital introducido en nuestro país en virtud del Real Decreto-Ley 20/2020, de 29 de mayo, constituye una expresión –modesta en sus objetivos, pero en sí muy importante desde la «razón de la sociedad»– de las medidas de garantía de rentas mínimas bajo el paradigma de la «condicionalidad» (estabilizadores sociales automáticos condicionados). Es una medida que ya figuraba en el programa del Gobierno de coalición PSOE y Unidas Podemos, y que la epidemia de la COVID-19 no ha hecho sino recomendar y acelerar su establecimiento legislativo inmediato y urgente en el marco del derecho de la emergencia, aunque pensada como institución jurídica de protección social de carácter permanente