Clases sociales y brechas digitales

El problema de la desigualdad en el acceso y el uso de las tecnologías digitales comenzó a plantearse hacia fines del siglo pasado, y se complejizó al tiempo que las tecnologías de la información y de la comunicación se fueron desarrollando y expandiendo a nivel global (Hoffman y Novak, 1998; De Marco, 2017; Van Deursen y Van Dijk, 2014). La pandemia de covid-19 impuso un nuevo contexto. Las medidas de aislamiento y distanciamiento social posicionaron a las tecnologías digitales como herramientas centrales para la organización y mantenimiento de la economía, del sistema educativo, del sistema sanitario y de la sociedad en general. Las diversas tecnologías digitales permitieron teletrabajar, impartir/recibir educación en todos sus niveles, acceder a diversos servicios públicos (como la salud), al tiempo que se incorporaron en actividades sociales y cotidianas donde anteriormente estaban excluidas o no se utilizaban con la misma intensidad (Cepal, 2020; iClaves-Esade, 2021; ITU, 2021; Pedraza Bucio, 2021; Van Deursen, 2020). Datos para América Latina y el Caribe indican que en los primeros dos trimestres de 2020 la utilización de aplicaciones de teletrabajo aumentó un 324%, las de comercio electrónico un 157% y las de educación en línea un 62%. En ese sentido, la conectividad adecuada y el acceso a dispositivos tecnológicos se convirtieron en condicionantes centrales para el ejercicio de la ciudadanía (Cepal, 2020). Se revelaron como un “derecho de intermediación” (Benza y Kessler, 2020) para realizar distintas actividades primordiales que ya mencionamos, como trabajar o educarse, pero también para acceder a la información, la comunicación y la participación política y ciudadana, en tanto las redes sociales digitales conformaron aún más un espacio público para la interacción social. Frente a este panorama, los gobiernos adoptaron diversas medidas en relación con las tecnologías digitales..