Posible vulneración de derechos constitucionales en la fase de admisibilidad de pruebas en juicios de única instancia

La normativa procesal ecuatoriana contempla regulaciones especiales para ciertas controversias judiciales, siendo una de ellas, la restricción del recurso de apelación, en los denominados juicios de única instancia, entre los que encontramos a las causas sometidas a conocimiento y resolución de las jurisdicciones contenciosas- administrativas y contenciosas-tributarias, y las causas judiciales destinadas al pago de honorarios entre abogado y cliente. Dentro de la sustanciación de dichas controversias judiciales, se discute sobre la admisión de la prueba, y de forma general, el Código Orgánico General de Procesos prevé que, el medio de impugnación procedente contra la resolución que decida la inadmisión de una prueba, es la apelación con efecto diferido. Frente a ello, se constata la imposibilidad de que, en causas judiciales de única instancia, se ejerza un segundo razonamiento sobre el cumplimiento de los parámetros de admisibilidad de la prueba, que pudo haber sido indebidamente negada, impidiéndose posteriormente su práctica en la etapa correspondiente. Por tanto, esta investigación se destina a denotar las potenciales vulneraciones a derechos constitucionales, derivadas de una inadecuada estructura procesal, en la fase de admisibilidad de la prueba, que no toma en cuenta las limitaciones descritas. Para el efecto, se desarrolló una investigación sistemática, a través de un minucioso análisis sobre los actos procesales que regulan la efectivización del derecho constitucional a la prueba y el derecho a recurrir, con apoyo de material bibliográfico, se proporciona presupuestos y postulados reconocidos por la doctrina y la jurisprudencia sobre el contenido y particularidades que revisten a los referidos derechos, y cómo estos deben ser configurados para que se ajusten a un esquema compatible con el derecho a la tutela judicial efectiva. Los resultados de este estudio revelan que, la normativa procesal presenta una laguna estructural, que impide que, en los procesos de única instancia, se pueda impugnar la resolución que deniega un medio de prueba, lo cual provoca indefensión. A su vez, se propone el reconocimiento de un recurso procesal vigente en la legislación española, cuya regulación y configuración propende a solucionar la problemática jurídica identificada