Las órdenes del juez a la Administración pública

La necesidad de control de la actividad administrativa es incontestable en el Estado de derecho para controlar la corrupción, garantizar el sometimiento de la Administración a la ley y al derecho, y para proteger los derechos de las personas: sus derechos fundamentales, su libertad y la igualdad ante la ley. Las relaciones entre el poder ejecutivo, la Administración, y el poder judicial son escenario de tensiones. La Administración no recibe con agrado el control y menos ser corregida en sus actuaciones, o que le indiquen cómo debe proceder. Por ello es relevante reflexionar sobre los mecanismos que puede utilizar el poder judicial para hacer cumplir las decisiones. En este capítulo se explica por qué existen esas tensiones y cuáles son los límites a los controles judicial y administrativo para que exista una equidistancia que garantice la división de poderes. Más adelante, en el ámbito de la jurisdicción de lo contencioso administrativo[AOG1] , se analiza qué mecanismos se encargan de enviar órdenes al poder ejecutivo y cómo ejecuta el poder judicial esas órdenes que tienen como finalidad mantener la equidistancia de poderes en salvaguardia del Estado de derecho. El control judicial es una de las más importantes garantías del Estado de derecho y del sometimiento de la Administración a la ley y a las normas. También este control debe guardar un complejo equilibrio: el de la equidistancia de poderes, puesto que el control del poder judicial tiene como límite el ejercicio de las potestades que ejerce la Administración y que la Constitución y las normas entregan al poder ejecutivo. Se analizan así mismo las órdenes del juez a la Administración en providencias, autos y sentencias en aquellos casos en que dicho equilibrio debe tener en cuenta que el poder judicial no puede suplir la voluntad y las competencias de la Administración como garantía de la separación de poderes