Políticas redistributivas para la financiación presupuestaria equitativa de la etapa de implementación y evaluación del Plan Nacional de Igualdad en las Áreas de Fortalecimiento Institucional del Estado Salvadoreño y Transformación Democrática Cultural del Sistema Político. período 2016- 2020

El Legislador, Magistrados y Ministros como funcionarios públicos según el Orden Constitucional de la República de El Salvador y Derecho Internacional Público están comprometidos con la búsqueda de soluciones pertinentes a la problemática estructural que coloca a las mujeres desde épocas remotas en condiciones de discriminación, subordinación, dependencia y pobreza; por tanto deben poseer competencias técnicas y profesionales que contribuyan a resolver esta problemática compleja y que compete a los dos géneros, sobre todo si uno de ellos se encuentra ubicado en posiciones donde la toma de decisiones les facilita tomar medidas en todos los sentidos a fin de brindar una solución política para que la sociedad participe en condiciones democráticas. Por consiguiente, según la estructura del Estado, las instituciones, órganos y gobiernos deben poseer competencias básicas y especializadas para asumir una magistratura tan compleja como es la administración o gestión pública, a fin de tomar decisiones políticas y favorecer la posibilidad de comprender e interpretar la realidad sobre los escenarios y burocracia que exigen propuestas de cambio e intervenciones estatales que requieren consensos, niveles de reflexión críticas y autónomas de los intereses económicos y políticos que posicionan a la población discriminada en condiciones de pobreza y sumisión y que paradójicamente es la que más condescendencia muestra con los candidatos y candidatas al emitir el sufragio en tiempo electoral