La conversión de la acción penal y la figura del acusador privado en Colombia

En este artículo se busca hacer un recorrido por el estado del arte acerca de la conversión de la acción penal -en adelante CAP- de pública a privada y la figura del acusador privado -en adelante AP- en Colombia. Hasta antes de la modificación en la Constitución Política introducida por el Acto Legislativo 06 de 2011, el ejercicio de la acción penal estaba en cabeza de la Fiscalía General de la Nación -en adelante FGN-, posteriormente se creó la posibilidad de que las víctimas de ciertas conductas punibles pudieran solicitar la CAP, y a través de la figura del AP, fueran ellas las que hicieran el papel del fiscal del caso y adelantaran la investigación penal. Pero fue solo a través de la expedición de la Ley 1826 de 2017, cuando se reglamentó esa posibilidad y a partir de la cual, las víctimas pueden solicitar la conversión de la acción ante la FGN. De esta manera, encontraremos en el artículo distintas posiciones sobre la figura del AP, pasando desde autores que la ven como una medida que puede ayudar a descongestionar el sistema penal colombiano, hasta otros que afirman que puede ser una forma de exclusión social pues para su ejercicio se requiere de un abogado particular y en muchos casos las víctimas de las conductas penales no tienen los recursos económicos para costear uno.Universidad Libre - Facultad de Derecho - Especialización en Derecho Penal y CriminologíaThis article seeks to review the state of the art regarding the conversion of criminal action -hereinafter CAP- from public to private and the figure of the private accuser -hereinafter AP- in Colombia. Until before the modification in the Political Constitution introduced by Legislative Act 06 of 2011, the exercise of criminal action was headed by the Attorney General's Office -hereinafter FGN-, subsequently the possibility was created that the victims of Certain punishable behaviors could request the CAP, and through the figure of the AP, they were the ones who played the role of the prosecutor of the case and advanced the criminal investigation. But it was only through the issuance of Law 1826 of 2017, when this possibility was regulated and from which, the victims can request the conversion of the action before the FGN. In this way, we will find in the article different positions on the figure of the private accuser, ranging from authors who see it as a measure that can help decongest the Colombian penal system, to others who affirm that it can be a form of social exclusion, since its exercise requires a private lawyer and in many cases the victims of criminal conduct do not have the economic resources to pay for one