Necesidad y obligación judicial de un control previo en la interceptación de comunicaciones que evite la vulneración del derecho a la intimidad de terceros

El presente texto de revisión intenta mostrar el desarrollo de diferentes académicos que han tratado el tema a la afectación de los derechos fundamentales, especialmente a la intimidad del sujeto interceptado por las comunicaciones al interior de un Proceso Penal, vulnerando al mismo tiempo la intimidad y privacidad de un tercero con quien el indiciado se comunica. Se llevó a cabo la conceptualización y origen a la interceptación de las comunicaciones, seguidamente se abordó el derecho fundamental a la luz de la aplicación de Colombia como Estado parte por lo dispuesto por la CADH y los pronunciamientos elevados por la Corte Constitucional reiterando la constitucionalidad del núm. 2 del art. 250 de la Carta Política del 91, estableciendo cuales son las actividades de la policía judicial para la búsqueda de pruebas lícitas a la incorporación a un proceso penal. A lo largo de esta revisión se pudo determinar que para finales del 2021 por parte de la FGN se tomaron medidas y controles por medio de una regulación como herramienta a fortalecer en materia de interceptación de comunicaciones para las investigaciones y judicialización a la delincuencia, justamente es necesario implementar de forma inigualable, clara y pragmática en reconocimiento conforme y acuerdo a la ley la validez ante posibles abusos.Universidad Libre - Facultad de Derecho - Especialización en Derecho Penal y CriminologíaThis review text tries to show the development of different academics who have dealt with the issue of the affectation of fundamental rights, especially the intimacy of the subject intercepted by communications within a Criminal Process, violating at the same time intimacy and privacy of a third party with whom the defendant communicates. The conceptualization and origin of the interception of communications was carried out, then the fundamental right was addressed in light of the application of Colombia as a State party by the provisions of the CADH and the pronouncements raised by the Constitutional Court reiterating the constitutionality of the number. 2 of art. 250 of the Political Letter of 91, establishing what are the activities of the judicial police for the search for lawful evidence to join a criminal process. Throughout this review, it was possible to determine that by the end of 2021, the FGN took measures and controls through regulation as a tool to be strengthened in terms of interception of communications for investigations and prosecution of crime, precisely it is It is necessary to implement in an unequaled, clear and pragmatic way in recognition according to and according to the law the validity before possible abuses