Why a right to memory?

El artículo establece una distinción entre “el derecho de la memoria”, que corresponde al conjunto de normas y políticas públicas destinadas, especialmente en sociedades que establecen una forma democrática de gobierno y adhieren a los derechos de la persona humana, a dar cuenta de las violaciones a los derechos humanos que han precedido; y “el derecho a la memoria”, concebido como un derecho subjetivo de las víctimas a ver las violaciones que ellas han sufrido reparadas en el nuevo orden jurídico-político, y a sus autores condenados. Muestra, a partir de un análisis de la justificación moral, de la justificación política y del contexto, que si buenas razones, en primer análisis, pueden empujar a defender la idea de un derecho a la memoria, su reconocimiento puede plantear problemas jurídicos al nuevo orden democrático, así como plantear problemas políticos, susceptibles de afectar la transición democrática. Concluye que la justicia de transición no debería considerar que este derecho a la memoria ha de estar automáticamente garantizado, debería estar regulado en función del objetivo de establecer eficazmente un nuevo orden democrático fundado sobre el respeto de los derechos humanos.This article distinguishes Right to Memory from Law of Memory. The last corresponds to a set of norms and policies that, mainly in societies settling a democratic form of government and implementing human rights, reply to previous human rights abuses while the first is conceived as the recognition of victims’ subjective rights to obtain a judicial reparation in the new legal-political order for the violations of human rights they suffered, and a condemnation for persecutors. He argues that if there are many good reasons prima facie to support a Right to Memory, its recognition could on the other hand give birth to political difficulties, weakening the democratic transition itself. In a transitional justice perspective, we should stress that such a subjective right should not be granted in any case, and that its recognition should be balanced with the purpose of the efficacious establishment of a democratic order, grounded on Human Rights