Sospechosos habituales: contrabando de tabaco y comerciantes extranjeros en los puertos españoles

El contrabando, o incluso sólo la mera sospecha de fraude, generaba en los puertos españoles un conflicto de intereses de difícil resolución. Desde el punto de vista político, el Estado debía garantizar los derechos de los extranjeros porque se debía a sus compromisos internacionales, pero al mismo tiempo no podía tolerar que se creasen espacios de impunidad, en manifiesto agravio hacia los propios súbditos y hacia la propia dignidad real del soberano. En cuanto al aspecto económico, es cierto que la economía española necesitaba de los comerciantes extranjeros y de todo lo que su actividad implicaba en el tejido comercial y productivo español, pero también lo era que el daño infringido al monopolio tabaquero corría siempre en detrimento de los ingresos fiscales del Estado en una de sus partidas más abultadas y socorridas, así como en perjuicio de los grupos financieros que comprometían sus recursos en esta suerte de negocio comanditario con el Estado