La inversión de la carga de la prueba en materia laboral como garantía del debido proceso del trabajador en situación de vulnerabilidad: la obligación del empleador de descartar la discriminación como motivo de terminación de la relación laboral.

La regla de la carga de la prueba en el derecho laboral ha estado gobernada por el principio liberal y civilista del Onus Probandi durante varios años, la constitucionalización del derecho al trabajo como un derecho fundamental transformó la visión de este, no limitándose a su protección patrimonial, sino proyectándose hacía la tutela de derechos intangibles tales como la igualdad, no discriminación, trabajo digno y demás. Discapacitados, mujeres embarazadas, con enfermedades catastróficas o adultos mayores, por su condición de vulnerabilidad han sido históricamente discriminados, impidiéndoles ingresar, mantenerse o regresar al mercado laboral. El derecho laboral ecuatoriano introdujo la figura del despido discriminatorio como una garantía y protección de los derechos fundamentales del trabajador, tutelando la igualdad y no discriminación, sin embargo, el derecho laboral sustantivo ofrecía algo que el derecho laboral adjetivo no podía cumplir. La discriminación es un hecho que ocurre en la oscuridad y pretende quedar en impunidad, sin perjuicio de aquello,la prueba de este hecho recae sobre el trabajador, imponiendo una carga desproporcional frente a la del empleador. Por tal motivo, la Corte Constitucional del Ecuador impuso al empleador la obligación de probar de manera objetiva, lógica y razonable que el despido no haya sido con motivo del estado de vulnerabilidad del trabajador. Este precedente constitucional ha surgido de los conflictos del derecho laboral público y en la justicia constitucional, este estudio analizará su aplicación y pertinencia para aquellos trabajadores bajo el Código de Trabajo que acuden a la justicia ordinaria para hacer respectar sus derechos.The burden of proof statement in labor law has been governed by the liberal and civil principle of the Onus Probandi for several years, the constitutionalization of the right to work as a fundamental right, has transformed the vision of it, not being limited to its patrimonial protection, but projecting towards the protection of intangible rights such as equality, nondiscrimination, decent work and among others. Handicapped people, pregnant women, people with catastrophic illnesses or the elderly, due to their vulnerability, have historically been discriminated, preventing them from entering, staying or returning to the labor market. The Ecuadorian labor law introduced the figure of discriminatory dismissal as a guarantee and as protection of the worker’s fundamental rights, protecting equality and non-discrimination. However, the substantive labor law offered something that the adjective labor law could not fulfill. Discrimination is a fact that occurs in the dark and intends to go unpunished, notwithstanding that, the proof of this fact falls on the worker, imposing a disproportionate burden compared to that of the employer. For this reason, the Constitutional Court of Ecuador imposed on the employer the obligation to prove in an objective, logical and reasonable manner that the dismissal was not due to the worker's state of vulnerability. This constitutional precedent has arisen from the conflicts of public labor law and in constitutional justice, this study will analyze its application and relevance for those workers under the Labor Code who go to ordinary justice to enforce their rights.Magíster en Derecho Laboral y Seguridad SocialCuenc